El informe de Human Rights Watch incluye una serie de recomendaciones al Gobierno para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en el país. Puntualmente, a la presidenta Cristina Fernández le pide que apoye públicamente el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y el derecho a un acceso “inmediato e irrestricto” a servicios de aborto seguro en aquellos casos que están permitidos. Y que inste a los gobiernos provinciales a tomar medidas “inmediatas” para garantizar ese derecho. Además, reclama que el Ministerio de Salud convierta en resolución ministerial la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no Punibles y que sea distribuida en todos los hospitales públicos y centros de salud. Y que los directores de hospitales reciban capacitación sobre todas las leyes de salud sexual y reproductiva vigentes. Durante el relevamiento, HRW encontró directores que desconocían la letra de algunas normativas como la que legalizó las ligaduras tubarias y las vasectomías. La entidad también pide que la Sindicatura General de la Nación se aboque a monitorear el funcionamiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Al Congreso, HRW le recomienda que derogue del Código Penal los artículos que criminalizan el aborto.