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Desde que la Justicia platense fijó límites para la detención de niños, la cifra blanca del delito juvenil tuvo una tendencia alcista, naturalmente aquello que antes era detención discrecional basada en averiguación de identidad, contravención o motivo asistencial, ahora es detención legal por daño, amenaza, resistencia a la autoridad y otros (estos delitos componen casi un 40 por ciento de la tasa del primer semestre 2010).

Es decir, no es que haya subido el delito en La Plata (la cifra de delitos graves ha sido pareja a otros años y por debajo de otros departamentos judiciales), sino que la policía platense se ha visto limitada a detener a jóvenes sólo bajo justificación delictiva.

A la inversa de los que pregonan discrecionalidad en el gerenciamiento de las detenciones (donde el margen de maniobra policial es abierto y permite los abusos de la cifra negra, los registros judiciales no hablan y no se sabe la cantidad de niños que pasan a diario por las comisarías), hoy en La Plata se conocen las causas y motivos de cada detención, se exige la presencia de testigos y se comunica de inmediato al fiscal y defensor juvenil. Si esto ocurriera en toda la provincia, seguramente subiría la cifra blanca de delito juvenil, pero se garantizaría el control y la legalidad de las detenciones.

La creación de patrullas policiales juveniles para La Plata tiene su supuesta justificación en el crecimiento delictivo en la región. Mientras se anuncia el lanzamiento de estos cuerpos –supuestamente– especializados para contener en la vía pública a niños y jóvenes, los Ministros de Justicia-Seguridad y Desarrollo se ponen de acuerdo para apelar ante la Suprema Corte la resolución de la Justicia (de primera y segunda instancias) que prohíbe la detención discrecional de jóvenes. La intención recursiva demuestra a las claras que la idea subyacente es devolver facultades para ganar presencia discrecional en la calle y, con ello, descontrol judicial.

La bondad de los anuncios sobre la temática se esfuma cuando retrocedemos a los comentarios del gobierno provincial sobre el fallo Urbani y la crítica a los jueces, el proyecto de código contravencional, la idea de baja de edad de imputabilidad, la creación de más fiscalías juveniles y otros. Es decir, estas medidas no se sostienen en una política social-criminal juvenil en el marco de un Estado de Derecho que respete la Convención de los Derechos del Niño; sino en una política social reforzada para los adolescentes pobres de las periferias urbanas, con estricto control policial.

* Titular de la Defensoría 16 del Fuero de Responsabilidad Juvenil de La Plata.