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Si bien Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño y en 1994 se incorporó en la Constitución Nacional, aún no se cumplió una de sus exigencias: adoptar un régimen penal juvenil. Lamentablemente, no hemos podido entender que reconocer los derechos de los niños no es permitirles todo, y menos no castigar los delitos que pueden cometer. Pero hemos reducido la discusión a la edad de imputabilidad y no hablamos sobre cómo se los juzga y penaliza, ni de cómo prevenir estas situaciones.

En estos más de 20 años desde la ratificación de la Convención no se ha podido cambiar el régimen penal para ellos. Esto significa una irresponsabilidad de quienes deben velar por los niños, niñas y adolescentes, ya que los deja ante la arbitrariedad del juez o jueza que les toque. Esta discrecionalidad es un grave error, por eso quienes hoy claman por bajar la edad de imputabilidad y quienes dicen que esto no es necesario, ambos están dejando a niños, niñas y adolescentes sin una herramienta clave: tener un régimen penal diferente al de los adultos que contemple sus particularidades. Esto no quiere decir no castigarlos, pero tampoco hacerlo como a los adultos.

Además, estamos minimizando el problema, porque de las necesidades de niños, niñas y adolescentes ya ni los organismos de gobierno responsables se ocupan. Y recién cuando alguno es noticia por un crimen o delito grave reaccionan espasmódicamente pidiendo castigo o perdonándolo. Pero de los miles de niños y niñas que hoy son víctimas de abusos por parte de adultos y a quienes ni la sociedad ni el Gobierno les reconocen ser sujetos de derechos, no se ocupan e ignoran sus necesidades.

Lo que no entienden ni autoridades ni funcionarios, ni la sociedad en general, es que los niños, niñas y adolescentes son un reflejo de lo que los adultos, gobiernos y la sociedad les inducimos a hacer, por acción u omisión. En general, con la niñez y la adolescencia prima la omisión. Son tantas las cosas que no hacemos –para prevenir que cometan delitos– y que por ello se les avasallan sus derechos que la sola enumeración puede llenar varias páginas.

Por eso, hoy tenemos que reconocer que “los niños no son prioridad” y revisar las políticas sociales, educativas y comunicacionales que los siguen desprotegiendo, y darles los elementos para que sepan y puedan defenderse de las violaciones a sus derechos que hoy padecen por parte de los adultos, padres, familiares, docentes y gobernantes. No se trata de recluirlos o dejarlos libres, sino de asegurarles que puedan tener sus proyectos de vida, verdadera contribución a respetar su condición de sujetos de derecho. Para ello, se deben cumplir leyes como la 26.031 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes y sancionar urgentemente el código penal juvenil. Estas leyes implican reconsiderar las políticas e intervenciones, acabar las conductas tutelares y reconocerlos como sujetos de derecho y, por ende, también de deberes.

* Presidenta de FEIM. Plenarista electa por las ONG de Género en el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad .