Con el húmedo calor del verano, y oscureciendo la actualidad promiscua del voyeurismo que brindan Soñando por bailar y Gran Hermano, los grandes medios de comunicación –con oportunismo político– han reinstalado el vacuo debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. Una polémica tan estéril y vacía de contenido como los programas televisivos que masivamente atrapan al medio pelo argento.

Desde el inicio, para ocultar la constante improvisación de sus acciones de gobierno en el área, el gobernador Scioli y su ministro Casal continúan repitiendo estereotipos. Así, con una tipología simplista llena de clichés sensacionalistas que abundan en los medios de comunicación, reclaman la baja de la edad de la imputabilidad, hostigan a los jueces que aplican la Constitución y presentan a los niños delincuentes como inmorales e indiferentes a los derechos de los demás. En ese camino permanecen conclusiones ficticias que armonizan injusticias, desigualdades sociales, dan satisfacción a las más oscuras pasiones sociales y ocultan la ineficiencia de sus políticas de gobierno. Digámoslo con claridad: no es cierto que para prevenir el delito sea necesario bajar la edad de la imputabilidad. De hecho, aunque nunca se muestren en los grandes medios de comunicación, las estadísticas oficiales muestran lo contrario. Aunque a muchos les cueste creerlo, los jóvenes han participado bastante menos de lo que se anuncia en la comisión de delitos durante el año pasado (4,3% del total de los delitos, un 5,4% de los robos a mano armada y en el 13% de los homicidios). Tanto al gobernador como a su ministro deberían preocuparles mucho más que la baja de la edad de la imputabilidad el buscar la forma de prevenir el casi el 50 por ciento de los homicidios que en la provincia han sido consecuencia directa o indirecta de la tolerancia policial, judicial, comunicacional y política hacia la violencia machista. Afortunadamente, entre tanto desatino y facilismo discursivo, que permite la continua construcción del enervado pánico moral contra las “bestias” juveniles, intervino con claridad y mesura la presidenta de la Nación. Así puso en negro sobre blanco que el debate pasa más por la discusión de políticas de seguridad eficaces y la implementación de políticas de inclusión social. Con sus afirmaciones dejó claro que no puede suponerse que los autores de semejante injustificable conducta, que merece atención estatal, sea la consecuencia de padecimientos individuales sino que semejante diagnóstico, estéril y equivocado, sólo sirve para eludir responsabilidades morales y políticas por su producción.

* Presidente de la Asociación Argentina de Defensores Públicos de Derechos Humanos. Docente e investigador de la Universidad Nacional de Rosario.