Una de las chicanas judiciales con que la Unión Ferroviaria (UF) intenta frenar el juicio oral por el asesinato de Mariano Ferreyra fracasó ayer. Los jueces que integran el Tribunal Oral Criminal 21 (TOC21) fueron reconfirmados para llevar adelante las audiencias. Habían sido recusados por la defensa de Guillermo Uño, uno de los ocho integrantes de la patota que mató al militante del Partido Obrero (PO), que estarán en el banquillo junto con el titular del gremio, José Pedraza, su número dos, Juan Carlos “Gallego” Fernández, además de siete policías federales. Los jueces de otro tribunal, el número 12, evaluaron que no hay ninguna razón para apartar a sus colegas del caso.

El juicio oral tiene fecha de inicio fijada para el 6 de agosto. El abogado del picaboletos Uño, Oscar Igounet, es el que se está ocupando de generar todos los obstáculos posibles para el inicio del juicio. La duda que sobrevolaba Tribunales ayer es qué pasará si el abogado intenta llevar la recusación a Casación. Según los letrados de la querella del Centro de Estudios Legales y Sociales, no es un asunto “casable”, y si el abogado insistiera con un recurso de queja, el juicio debería poder comenzar igual. Ayer Igounet agregó un nuevo pedido de nulidad y de suspensión del debate oral porque dice que no se lo notificó para ofrecer pruebas cuando el expediente contra los policías (por liberar la zona del asesinato) se unificó con el de los ferroviarios. Aunque no tiene chances de prosperar, el planteo requiere todo un procedimiento hasta ser resuelto. Igounet también realizó el pedido de juicio político de los jueces ante el Consejo de la Magistratura, que el jueves resolvió no rechazarlo in limine, sino designar un consejero que instruya el expediente.