La defensora adjunta del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Graciela Muñiz, tomó conocimiento de los despidos cuando agentes del Cuerpo de Control de Tránsito denunciaron su situación. Luego de escucharlos presentó un pedido de informes para que su director, Carlos Alberto Pérez, responda “el fundamento legal y/o administrativo que justifique el citado accionar de vuestra parte” con la explicación del “modo y forma en que se llevó adelante la desvinculación, la existencia de motivos que justifiquen y den sustento legal al procedimiento adoptado y el listado de todo el personal involucrado con nombre, apellido y DNI”.

En el texto que le envió al responsable del cuerpo que depende de la Subsecretaría de Transporte, define que “el personal contratado se encuentra en una situación calificada por la Legislación vigente como fraudulenta, dado que vulnera derechos y garantías de orden constitucional que garantizan la estabilidad en su puesto de trabajo al empleado público...” Ahora Pérez tiene diez días para responder. En la Defensoría del Pueblo también se abrió un sumario para investigar el caso de los 130 agentes despedidos.