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Los padres de Patricia Villalba y la tía y el papá de Leyla Bashier Nazar se reunieron en Buenos Aires con los ministros de Justicia y Seguridad, y de Interior, Gustavo Beliz y Aníbal Fernández. Los familiares de las dos chicas asesinadas en Santiago del Estero reclamaron la intervención del gobierno nacional para “terminar con la impunidad y hallar a los culpables”, a quienes vinculan con las más altas esferas del poder santiagueño. Fernández sostuvo que “seguramente participaremos”, aunque aclaró que no se podía intervenir salteando las autoridades provinciales. De hecho, federales y gendarmes ya se reunieron con las autoridades provinciales oficiosamente. Para Beliz, en cambio, no podría haber intervención federal mientras el caso no apareciera vinculado a las drogas. Con rápidos reflejos, la gobernadora santiagueña, Mercedes “Nina” Aragonés y su esposo Carlos Juárez lanzaron una campaña antidrogas y pidieron una ayudita del gobierno nacional. Antes de que la ayuda les sea impuesta.
La reunión se realizó ayer por la mañana en el Ministerio de Justicia y Seguridad, a cargo de Beliz. Juan Domingo Villalba y Olga Díaz, padres de Patricia, y Younes Ibrahim Bashier y Mirta Nazar, padre y tía de Leyla, describieron el caso, aseguraron que siempre sospecharon de la vinculación del poder santiagueño, y reclamaron la intervención de fuerzas federales en la investigación. “Pedimos que se haga justicia y que aparezcan los asesinos”, dijo Mirta Nazar al retirarse de la reunión.
“El cuñado del que está en Prensa de la Casa de Gobierno tuvo que ver —acusó la tía de Leyla en referencia a Xavier Ferrera Peña, secretario de Prensa y Difusión santiagueño–. A Leyla la mataron en la finca de Peña, la asesinaron ahí porque él prestó la llave de la finca al cuñado (Sebastián Flores, uno de los cuatro detenidos en la causa)”.
Tras escuchar los pormenores del caso, tanto Beliz como Fernández se mostraron interesados y comprometieron la ayuda del gobierno nacional. Incluso, Fernández consideró que, a partir del doble crimen y que las sombras de culpabilidad dan vueltas alrededor del poder, el estado de situación “es severo”. Beliz, por su lado, aseguró que “el gobierno nacional no va a permanecer indiferente frente a este tema y vamos a seguir todo muy de cerca porque el concepto de impunidad es algo que repugna a todos”. De todos modos, no será tan sencillo que el compromiso de participación se concrete en forma oficial. Mucho menos que tome un cariz intervencionista. Fernández sostuvo que “seguramente participaremos en la investigación. Lo que no puede hacerse es meterse por encima del gobierno de la provincia porque el poder de policía nunca fue cedido”. Beliz, también cauto, dijo que “hay que distinguir que nosotros somos el Poder Ejecutivo Nacional y que el tema se está desarrollando en el ámbito del Poder Judicial de otra provincia”.
Aunque está todo muy lejos de una intervención, “Nina” y el mandamás provincial Carlos Juárez ya mantuvieron contactos con Fernández, contactos catalogados como “informales” por el ministro. Que el caso se mantenga dentro de la órbita controlable por la poderosa “Nina” depende del fuero judicial que lo trabaje. Si surgen pruebas que vinculen el doble crimen a las drogas, el caso debería pasar al fuero federal, con competencia en la ley antidrogas. Entonces, quedaría abierta la puerta para la participación directa de las fuerzas federales.
Por eso, Mercedes “Nina” Aragonés y su marido Carlos Juárez demostraron estar al día en sus reflejos: cuando pidieron informalmente la colaboración nacional al ministro Fernández, anunciaron que lo hacían para “asestar un golpe ejemplarizador en Santiago y terminar así con el flagelo de las drogas”. Y la gobernadora lanzó entonces una campaña contra el flagelo. De las drogas, claro.