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La jueza de Ejecución Penal de San Isidro, Victoria Elías García Maañón, acusó al Servicio Penitenciario bonaerense por la fuga de Marcelo Ameijeiras, el condenado que protagonizó la toma de rehenes en Tortuguitas.

“No me pregunten a mí. Pregúntenle al Poder Ejecutivo por qué se escaparon Ameijeiras y el resto de los presos. En este caso en particular, el Servicio Penitenciario lo dejó escapar”, denunció la magistrada. Respondió así a las críticas del ministro de Justicia, Ricardo Casal, quien la responsabilizó por haberle otorgado a Ameijeiras un “régimen abierto de confianza”.

“Pregúntenle al Poder Ejecutivo qué es lo que está pasando que no pueden mantener a un preso peligroso dentro de la cárcel. Y esto no se va a resolver si yo dejo de firmar. Y quiero aclarar: yo no le di la libertad. Se la denegué dos veces”, agregó.

García Maañón disparó contra el Servicio Penitenciario bonaerense al señalar que a ella nunca se le informó que ese delincuente tuviera “nueve fugas” y señaló que sólo estuvo al tanto de la evasión que protagonizó en 2010.

Por otra parte, los magistrados y funcionarios judiciales bonaerenses salieron a reclamar “soluciones urgentes” a las circunstancias en las que “los reclusos cumplen sus condenas”, y exigieron que “se ponga fin a los discursos que livianamente pretenden responsabilizar” a los jueces “de decisiones de política legislativa y presupuestaria”.

El pronunciamiento fue formulado por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, que exigió una solución “sin más dilaciones”. El reclamo coincidió con el episodio de toma de rehenes y la crítica de funcionarios del gobierno bonaerense a los jueces.

“El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires ha venido reclamando a los tres poderes del Estado provincial soluciones urgentes a serios problemas estructurales del sistema de administración de justicia”, dijo la entidad en un comunicado.

“Los contextos y circunstancias en los que cumplen sus condenas los reclusos han sido fuente de preocupación y han motivado diversas acciones y pedidos tendientes a evitar, entre otras cosas, las fugas y el alarmante número de casos en los que los internos esgrimen y amenazan con armas blancas al personal, en juzgados, fiscalías y otras dependencias judiciales”.

También sostiene que “el Servicio Penitenciario provincial, y quienes lo conducen operativa y políticamente, tienen insoslayables responsabilidades en las problemáticas denunciadas”. Los jueces y funcionarios afirmaron que “los lugares de alojamiento de los menores adultos en conflicto con la ley penal están colapsados y sin cupos para ingresar a nuevos internos, incluso después de las restricciones que contempla la legislación reciente respecto de los supuestos de su detención”.