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En una decisión histórica, el 30 de mayo último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado de El Salvador tomar todas las medidas médicas necesarias para asegurar, de manera urgente, la debida protección de los derechos a la vida e integridad personal de una joven de 22 años, identificada como Beatriz, que solicitaba un aborto no punible porque su vida corría peligro de continuar la gestación. En ese país centroamericano el aborto está criminalizado –y están previstas fuertes penas–, incluso cuando existen razones terapéuticas.

De esta forma, el máximo organismo de derechos humanos del continente se pronunció en un caso de aborto. Beatriz padecía de lupus eritematoso sistémico agravado con nefropatía lúpica y artritis reumatoidea. Además, era madre de un niño de 14 meses y se encontraba en la semana 26 de un embarazo de un feto anencefálico, es decir, sin cerebro, una anomalía mayor incompatible con la vida extrauterina. La mujer había recurrido judicialmente hasta la Corte Suprema en su país, para lograr el permiso.

El caso generó la atención mundial. Finalmente, tras la resolución de la Corte IDH, Beatriz fue sometida a una cesárea, pues por lo avanzado del embarazo ya no se podía realizar un aborto, y pudo interrumpir la gestación. La criatura que dio a luz, por ser anecenfálica, falleció como estaba previsto a poco de nacer.

En su resolución, la Corte Interamericana consideró que la situación de Beatriz era de extrema gravedad y urgencia y que existía un riesgo de que sufriera un daño irreparable de sus derechos a la vida y a la integridad no sólo física, sino también mental, si continuaba con el embarazo.