La nueva resolución de la Defensoría del Pueblo, a la que accedió Página/12, tiene fecha del 29 de enero y lleva la firma de la titular del organismo, Alicia Pierini. Fue elaborada por el Area Derecho a la Educación, a cargo de Gustavo Lesbegueris. En una resolución anterior, con fecha del 27 de diciembre, la Defensoría le había recomendado al jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, que instruya “un sumario administrativo tendiente a establecer y/o deslindar responsabilidades de los funcionarios del ministerio, por los perjuicios causados a los estudiantes que a la fecha no han accedido a vacantes, como consecuencia de las graves falencias del dispositivo de inscripción en línea”.

El conflicto no sólo alcanza a niños y niñas de nivel inicial, como argumenta el Gobierno de la Ciudad, ni a los que eligieron escuelas muy demandadas, como se justificaron las autoridades. Según datos que el propio ministerio aporta a la Justicia, de los 17.615 casos en lista de espera, 1585 corresponden a nivel primario y 2819 al nivel secundario. Es decir, crearon problemas de inscripción en niveles donde no los había.

En algunos casos, según pudo comprobar este diario, las opciones que les dio el Gobierno de la Ciudad a los padres de los chicos afectados fueron vacantes en escuelas de una orientación distinta de la que habían elegido, e incluso en escuelas ubicadas en otra comuna, a más de 40 cuadras de su domicilio.