El Ministerio Público Fiscal de Neuquén y el juez Guillermo Gregorio de Chubut fundamentaron sus acciones en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Congreso Nacional aprobó el Convenio en 1992 mediante la ley 24.071 y fue ratificado internacionalmente en el 2000. Tiene rango supralegal (por encima de las leyes nacionales), establece numerosos derechos de los pueblos originarios y obligaciones a los Estados. “Los gobiernos deberán consultar a los pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente (...). Los pueblos deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. No deberán ser trasladados de las tierras que ocupan”, son algunos de los derechos vigentes en sus 44 artículos.