En octubre pasado, organizaciones sociales y de mujeres de Corrientes reclamaron al Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial que se incorpore la perspectiva de género al tratamiento de los casos de violencia doméstica. A fin de año, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto en el que declara “preocupación por las reiteradas resoluciones judiciales que desconsideran la gravedad de la violencia sexista y de género en Corrientes”.

En la carta que enviaron a los jueces del STJ, las ONG enumeran casos que no tuvieron un abordaje correcto, desde el punto de vista de la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres. “La ley Nacional 26.485 enuncia el derecho de las mujeres de obtener una respuesta oportuna y efectiva de la Justicia, que implica la sustanciación del proceso más breve o la adecuación de los procesos existentes para que la resolución de los mismos no sea tardía y que prevenga la reiteración de hechos de violencia y repare a la víctima en sus derechos vulnerados. Hechos recientes en nuestra provincia hacen visible esta carencia y visibilizan la impronta machista y patriarcal de las y los funcionarios y funcionarias judiciales”, advirtieron las entidades.

El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados fue propuesto por la diputada provincial Sonia López, del PC, quien manifestó que “la Justicia se debe poner a tono con los avances que se están dando en el ámbito social y político”. Recién desde noviembre, Corrientes cuenta con Protocolo de Actuación Policial en Casos de Violencia de Género, aprobado por la Legislatura y promulgado por el gobernador. En la ciudad de Corrientes, una semana después de conocido el ataque contra Eli Verón, se inauguró el Centro de Monitoreo y Contención de Víctimas de Violencia, que funciona en la calle Belgrano 1260. Esa misma semana, el intendente anunció la construcción de un refugio para víctimas, que será el primero de la provincia.