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“Este es un fallo muy importante porque garantiza el derecho de opinión y considera que brindar información o divulgar ideas no constituye un delito”, subrayó Martín Vázquez Acuña, juez del Tribunal Oral Nº 1 de la Capital Federal. El magistrado destacó que la sentencia está en la misma línea que otra pronunciada un mes antes por un juez federal de Mendoza, que archivó una causa contra el gobierno de esa provincia, acusado por implementar una campaña para reducir los casos de intoxicaciones en los consumidores de marihuana.
Los responsables de los sitios de Internet donde se divulgaba información sobre la cannabis fueron procesados en primera instancia por los delitos de “preconizar el consumo” de sustancias prohibidas, una figura prevista en el artículo 2 de la ley 23.737. “Para los jueces, preconizar el consumo significa elogiar o ponderar una cosa o una acción, algo que no ocurría en este caso: los sitios impartían información sobre el cultivo y las propiedades de la cannabis”, explicó Vázquez Acuña a Página/12.
Para el juez, lo que se discute en esta causa es “si la opinión en una página web o en otro medio de prensa en contra de la penalización de la tenencia de drogas para uso personal o difundir las propiedades de la marihuana constituyen el delito de preconizar el consumo de drogas, una suerte de apología del delito en menor escala”. Vazquez Acuña coincide con los camaristas federales en que “el derecho de opinión está garantizado por la Constitución nacional y los pactos internacionales: el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, entre otros”.
–¿En qué casos existiría una incitación al consumo?
–En el caso de que haya una alabanza en forma pública de una droga, donde se exalte sus propiedades, pero además donde exista la intención subjetiva de inducir a la gente a consumir esa droga.
El otro fallo al que se refiere Vázquez Acuña fue dictado en julio por un juez federal de Mendoza, que archivó la denuncia formulada de oficio por un fiscal contra el gobierno provincial, que había difundido un plan para reducir los casos de intoxicaciones en los usuarios de marihuana. “Se trataba de un folleto con instrucciones que, para el fiscal, preconizaba el uso de estupefacientes. Sin embargo, el juez entendió que cualquier medida destinada a reducir los daños no puede ser considerada delito, puesto que apunta a proteger la salud pública”, relató el juez. El juez federal consideró además que la medida impulsada por el gobierno mendocino estaba encuadrada en la Resolución 350/2000 de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), que habilita la implementación de políticas de reducción de daños.
Vázquez Acuña se ha pronunciado en favor de la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal. “La persecución penal de los consumidores no ha logrado reducir el consumo de sustancias prohibidas”, sostiene.