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Cuando el Gobierno redacte la nueva ley previsional deberá incorporar sugerencias que acordó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que los jubilados que hayan ganado un juicio al Estado no deban esperar el pago, que a veces se demora hasta después de la muerte, o pierdan la actualización del monto.
El arreglo es una de las consecuencias de la última reunión de funcionarios del gobierno argentino con las autoridades de la CIDH, el organismo que depende de la Organización de los Estados Americanos y cuyas recomendaciones deben ser cumplidas por los países de la región.
–¿Y si el acuerdo no se cumple? –preguntó Página/12 a Alicia Oliveira, responsable del área de derechos humanos de la Cancillería.
–La Argentina no puede no cumplir –dijo Oliveira–. Pero además el Gobierno quiere cumplir sus acuerdos en la CIDH.
Oliveira recién llega de una reunión en Washington con la CIDH, donde fue cumpliendo instrucciones del vicecanciller Jorge Taiana y del canciller Rafael Bielsa de lograr el máximo de soluciones conjuntas con el organismo.
–Si un país no cumple –explicó–, la Comisión declara a ese país responsable del hecho en cuestión y, transcurrido un lapso determinado, inicia juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y los juicios ante la Corte son absolutamente ejecutables en contra de la Nación argentina. Es decir que el Estado debe pagar reparaciones especiales y queda marcado con el precedente del incumplimiento dentro de la comunidad de naciones.
En el caso de los jubilados, el tema fue discutido ante la CIDH a raíz de planteos previos llegados a la Comisión sobre juicios con fallo favorable de jubilados que acudieron a la Justicia en 1999.
Oliveira explicó que la CIDH trata caso particulares y, en lo posible, de común acuerdo con los representantes del Estado busca no sólo la solución puntual sino un cambio de una práctica o de la legislación. De allí surgió el criterio, aceptado por el Gobierno, de que cuando haya sentencia donde deba haber dinero, que ese dinero se actualice y que se eliminen instancias y vericuetos que hoy impiden un proceso rápido en el caso de los jubilados.
Como también se trataron violaciones a los derechos humanos, las recomendaciones prácticas de otros casos bajo análisis en Washington deberán tener traducción a nivel nacional o provincial.
En el plano federal el Gobierno pasó el examen. El encuentro se convirtió en una larguísima serie de preguntas sobre las causas de derechos humanos por violaciones durante la dictadura. En un informe previo la CIDH ya había condenado a la Argentina por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y había marcado la obligación de reparar, investigar y cesar la situación de impunidad.
Oliveira detalló la iniciativa oficial de hacer que no prescriban los crímenes de lesa humanidad y el proyecto, aprobado por el Congreso, de nulidad de las leyes de perdón.
“En ocho años que llevo en la Comisión nunca presencié audiencias tan buenas y con posiciones tan acertadas”, elogió Robert Goldman, presidente de la CIDH, según el relato de Oliveira.
“La dinámica es tan intensa que el mismo día que llegamos a Washington se había producido la prisión de Antonio Bussi, y había sido mientras viajábamos desde Buenos Aires”, recordó la funcionaria.
Entre los casos provinciales se destacó el de Juan Angel Greco, en el Chaco. Por la solución amistosa, las partes se pusieron de acuerdo. El Estado reconoce su responsabilidad en la brutalidad policial y a cambio no es condenado, pero además repara el daño con 300 mil pesos, reabre la causa y permite a las víctimas que puedan tener acceso a los sumarios para ejercer su control.
El mismo criterio siguieron la CIDH y el gobierno argentino, que representaba también al de la provincia de Buenos Aires, en el caso Schiavini, conocido así por el nombre de un joven muerto en una confitería de Lomas de Zamora. El acuerdo es que las víctimas o sus familiares adquieran la calidad de parte en los procesos administrativos de la policía, es decir en los sumarios internos. Pueden presentarse y controlar. De hecho, eso ya está sucediendo.
En otro de los casos, el caso Giovanelli, se llegó a un principio de solución en el que incluso figura la reapertura de la investigación interna de la Suprema Corte bonaerense sobre el magistrado que intervino. También hay sumarios administrativos con acceso de las víctimas.
El cuadro amplio de arreglos argentinos con la CIDH se completó en Washington con la discusión sobre migraciones. La última ley vigente rige desde tiempos de la dictadura. El acuerdo fue que los cónsules se hagan cargo de los problemas con los migrantes, más dos medidas prácticas. La primera, facilitar los trámites y bajar los precios. La segunda, que se dicte ya una amnistía como prólogo de la sanción de una nueva ley.