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Con el fin de que las comunidades aborígenes regularicen la situación dominial de sus territorios, a partir de 2005, en todo el país, se realizará un relevamiento de tierras para detectar cuáles son aquellas que les pertenecen por derecho ancestral. La iniciativa será ejecutada por universidades nacionales y estará a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Esta medida se complementará con un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso Nacional y que impide por cuatro años los desalojos de tierras que están en disputa.
“En el 2005 vamos por un relevamiento en serio, con o sin ley aprobada, porque sin ese instrumento no se puede pensar en hacer política en serio para los aborígenes”, afirmó el titular del INAI, Jorge Rodríguez. Tanto el proyecto de ley como el relevamiento fueron iniciativas hechas luego de los pedidos que al respecto hicieron comunidades originarias y organizaciones nacionales e internacionales.
Aunque aún no fue precisada su fecha de inicio, el relevamiento durará alrededor de 20 meses y tendrá cinco etapas. La primera consistirá en la identificación de todas las comunidades existentes; la segunda determinará la ubicación geográfica de cada pueblo; en la tercera se elaborará un informe dominial con planos de mensura, trámites hechos ante autoridades locales y la contabilidad de la cantidad de juicios de disputa por la propiedad. En la cuarta, expertos universitarios tasarán y valuarán los inmuebles y en la quinta iniciarán estudios de suelo, aptitud hidráulica y estudio de contaminación ambiental y del agua.
El antecedente de este trabajo es el que en 2000 hizo el Equipo de Pastoral Aborigen (Endepa), aunque sus datos son “provisorios, sujetos a revisión”, según se afirma desde esa misma entidad.