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El gobierno porteño dejó de pagar el canon por las actas fotográficas de infracciones de tránsito en octubre, cuando las empresas que prestan el servicio reclamaron una recomposición tarifaria “por mayores costos”. El pedido fue premonitorio: se hizo tres meses antes de la devaluación del peso.
“Como esperaban liquidar las actas con un valor mayor, no presentaron las facturas”, argumentó el director general de Infracciones, Lautaro Erratchu. El funcionario admitió que se negocia con las empresas un posible aumento del canon (actualmente es de 8,34 pesos por multa cobrada). José Ibarzábal, vocero de la empresa Meller –una de las concesionarias de las actas fotográficas–, estimó que los costos aumentaron en un 176 por ciento, tomando en cuenta que el material fotográfico y el papel para impresión son importados.
Erratchu, por su parte, aclaró que el gobierno está dispuesto a pagar la deuda. “Lo que ocurre es que las facturas recién fueron presentadas en febrero, y el gobierno está priorizando los servicios escenciales”, aclaró.