[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Por C. A.

El cura de la Villa Itatí no quiere dar su nombre cuando habla de paco. “No hay voluntad política, por eso sólo trabajamos preventivamente y con comunidades terapéuticas. Quilmes está liberado, vienen de todos lados a comprar.” La última vez, durante una visita de campaña del ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Cafiero, los vecinos de la Itatí se desbocaron: denunciaron que la villa más grande del país está infectada. El ministro les aseguró que no estaba en él controlar a los narcos: más bien seguir previniendo. Y cuando las opiniones salieron en Infosur, un medio local, de pronto se encontraron con que fueron citados por la Justicia federal: ¿A quién se le puede ocurrir, dice el cura, que un vecino tiene el poder de combatir a un tranza?
Desde la vereda de la política pública, Claudio Mate, el funcionario a cargo del área de adicciones del gobierno de Felipe Solá, asegura que una posible solución es la desfederalización del delito de tráfico de drogas: la nueva ley que permite que la Justicia bonaerense investigue y juzgue a los narcos.
Mate también morigera el desastre con una visión optimista: “En Estados Unidos, el tema de la droga era un discurso liberal. Es tan evidente y tan dramático el cuadro estético que produjo el crack, que la comunidad reaccionó y se puso un límite. Lamentablmente, los barrios se acostumbraron a convivir con la marihuana, pero con la pasta base la tolerancia de la comunidad es cero. En Estados Unidos se generó una movilización social contra el crack, acá se dio en Ciudad Oculta”.
Un simple recorrido por una villa como Los Eucaliptos basta para verificar qué lejos están los más pobres de reaccionar ante el flagelo. Los narcos allí son familias que viven de vender paco, del plan de desempleo, de pequeñas changas, de rebusques de todo tipo. La venta y el consumo parecen pan de cada día. La socióloga Alcira Daroqui lo registra hace tiempo: “En la Itatí hay un pasillo al que le dicen El Shopping por la cantidad de puestos. Estamos ante ilegalidades funcionales al sistema, imposibles de combatir sin voluntad política”.