Martín Ríos, el joven detenido por haber disparado a mansalva en el barrio de Belgrano, provocando la muerte de Alfredo Marcenac, heridas a otras seis personas, y disparado en al menos tres ocasiones más en diferentes lugares del mismo barrio, había renovado su condición de legítimo usuario de armas de fuego. El dato surge de un informe del Registro Nacional de Armas (Renar), en el que se asegura que “renovó su condición de legítimo usuario de armas de fuego en el 2005”. El Renar aclaró, si es que la aclaración tiene sentido, que en cambio Ríos “no estuvo ni está autorizado por este organismo (Renar) a la portación de armas de fuego”. “Bueno, por fin reconocen que las armas legales matan”, sostuvo Gabriel Conte, de la organización Espacios e integrante de la Red de ONG por el desarme en Argentina. “Cualquiera puede sacar un arma porque el control lo tienen los interesados en venderlas, las armerías”, agregó Darío Kosovsky, del Inecip y también integrante de la misma red.

La nota distribuida por el Renar sostiene que Martín Ríos “acreditó su identidad, medios lícitos de vida, ausencia de antecedentes penales, su estado de salud psicofísica y la idoneidad en el manejo de armas de fuego”. “En cuanto a requisitos –agregó el comunicado–, la actual conducción del organismo (su director es Raúl Garré) ha tomado los recaudos necesarios para subir las exigencias requeridas, por ejemplo elevando la profundidad requerida al profesional que elabora el certificado de salud psicofísica.”

“Ninguna autoridad pregunta para qué quiere el arma el que inicia el trámite –sostuvo Gabriel Conte–. Y si ocasionalmente lo pregunta, se le puede responder ‘por la inseguridad’ y eso alcanza. Para el estudio psicofísico ya demostramos en varias ocasiones que lo otorga cualquier médico ajeno al Renar. Una vez hicimos una prueba con un certificado de un ginecólogo y fue aceptado. Y para el requisito de contar con un medio de vida lícito, alcanza con un certificado de trabajo o una declaración jurada. Lo que ocurrió en Belgrano demuestra que todos estos requisitos formales son insuficientes.”

Para Darío Kosovsky, “el Renar es un organismo registral que no controla. El control está tercerizado en las armerías, si uno se quiere registrar va a una armería que le vende el formulario correspondiente, gestiona el trámite y le vende el arma. Es un despropósito que el interesado en vender sea el que controle la legitimidad del usuario que va a comprar el arma”. “El Renar se financia con una comisión de cooperadoras de armerías –sostuvo Conte– y por otro lado las armerías son gestoras. Se alimentó la cuestión de que las armas legales no matan. Matar a un delincuente es matar. Las armas legales sí matan porque son armas. El Estado tiene que reconocer que fracasó en dar justicia y seguridad y que autoriza entonces a las personas a tener un arma llenando un formulario. Si no, el Estado debe legislar para que en Argentina tener un arma sea una excepción a la regla. Lo que hay que hacer es cambiar el paradigma de la sociedad: ¿para qué debería tener un arma un ciudadano cualquiera? ¿Acaso el Estado es incapaz de protegerlo?”.