El 24 de octubre de 2005, el preso Julio Esteban Ortiz fue picaneado en la unidad 34 de Melchor Romero. Cualquier manual de medicina forense indica que en cuatro días las marcas de tortura desaparecen. A Ortiz recién le permitieron comunicarse con el exterior cuatro días después. La fiscal Laura D’Gregorio y el Comité Contra la Tortura actuaron contra reloj. Se toparon con una valla, la del director de Medicina Forense de la Asesoría Pericial de la Suprema Corte bonaerense, Juan Carlos Cassano. Se trata del mismo funcionario que salió argumentando una acordada inaplicable de la Corte cuando Luis Valenga procuraba que se reconociera como homicidio el supuesto suicidio de Saldaña. Volviendo al caso Ortiz, al pedido del Comité y la fiscal para que un perito se presentara en la unidad 34 para extraer la parte de piel dañada para analizarla, Cassano respondió presentándose él mismo. “Lo que le pasó al interno no fue picana –aseguró ante sus testigos atónitos–. Fue una autolesión con una punta caliente.” Dijo que “había visto muchos terroristas torturados durante la dictadura y que lo de Ortiz no era tortura”. La denuncia del Comité ante la Corte preguntaba en qué situación el perito había sido testigo de dichas torturas.