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Por Marcelo Zlotogwiazda

Los intereses impagos desde el default están incluidos en nuestros cálculos pero son iguales a cero.” Con ese juego de palabras, tan ambiguo que parece ilógico, uno de los principales negociadores del equipo económico le respondió hace poco a un representante de los acreedores que le había preguntado sobre los intereses caídos desde comienzos de 2002. Lo que se dejó de pagar por ese concepto ya acumula cerca de 18.000 millones de dólares, y se estima que el atraso superará los 20.000 millones si, en el mejor de los casos, se llega a un acuerdo durante el corriente año. La ambigüedad no fue casual. La gente de Roberto Lavagna baraja como una de las alternativas firmes para endulzar la oferta el reconocimiento de una parte de los intereses caídos.
El propio presidente Kirchner lo confirmó implícitamente el miércoles pasado en Nueva York, cuando ante una pregunta sobre si el Gobierno argentino estaba evaluando reconocer los intereses vencidos respondió tirando la pelota afuera y, por ende, dejando el tema abierto.
En las semanas próximas los negociadores argentinos, junto a los bancos asesores, definirán la forma de potabilizar el esquema de quita presentado en setiembre pasado en Dubai. Potabilizar quiere decir no sólo hacer tragable la propuesta para una porción considerable de acreedores; se requiere además que las concesiones sean políticamente viables en el frente interno. Y ambas cosas son bien difíciles de conciliar.
Más allá de lo que se diga y simule, el Gobierno ya está decidido a realizar una oferta a mediados de año del tipo “tómelo o déjelo”. Es a lo que Kirchner se refirió como que “no habrá repechaje”.
A medida que se acerca el momento, Lavagna está siendo cada vez más presionado desde el FMI para que el próximo compromiso de superávit primario sea significativamente superior al 3 por ciento del PBI. “Nos están pidiendo 4 por ciento o más, y nos ponen como ejemplo a Brasil”, dijo a esta columna un altísimo funcionario, que a propósito de Brasil se mostró indignado por el discurso “vergonzoso” de alumno chupamedias que pronunció en la reciente asamblea del Fondo el ministro de Hacienda Antonio Palocci.
Sobre lo anterior caben dos acotaciones. Una es que ya el 3 por ciento de superávit es proporcionalmente más pesado para la Argentina que el 4,25 para Brasil, dado que la Argentina recauda proporcionalmente menos (la deuda se paga de los ingresos fiscales) y que –a diferencia de Brasil– deriva casi toda la recaudación previsional hacia las AFJP.
La segunda acotación es que el papel de buen alumno que está haciendo Lula da Silva frente al FMI no le está dejando ningún rédito envidiable.
Además, el equipo económico ni siquiera está confiado de poder mantener por mucho tiempo los actuales excedentes fiscales. Y no es por temores políticos ni de pujas distributivas, sino por razones otra índole: “Sin tomar en cuenta las retenciones y el impuesto al cheque, no tendríamos superávit primario sino déficit, y es irreal pensar que vamos a poder contar eternamente con ese nivel de ingresos, que en el caso de las retenciones están basados en precios extraordinariamente altos del petróleo y en el impresionante boom chino que tira hacia arriba la soja”, explican.
Las presiones para elevar el compromiso de superávit también se canalizan en las últimas semanas también a través del Banco Mundial, con el cual el Gobierno ya acumuló en el año un saldo de pagos netos negativos por alrededor de 1000 millones de dólares debido a las demoras en los desembolsos por parte del organismo con sede en Washington. “Hacen trabajo de pinzas”, se quejan en Economía.
Como hasta ahora se la piensa, la estrategia de Lavagna no está exenta del riesgo de fracaso, si por fracaso se entiende que la propuesta definitiva obtenga aceptación insuficiente como para cerrar un acuerdo. No es para nada seguro que concesiones con intereses vencidos o condiciones más atractivas en el menú de bonos que atenúen el impacto del mazazo del75 por ciento de quita alcancen para que pueda haber fumata y eviten que la negociación se prolongue mucho más allá de este año.
Este escenario de desacuerdo prolongado lo está vaticinando el influyente economista Nouriel Roubini –ex asesor del gobierno de Bill Clinton y actual miembro del National Bureau of Economic Research (Oficina Nacional de Investigaciones Económicas)– en un reciente paper titulado “La reforma al proceso de reestructuración de deuda soberana: problemas, propuesta de soluciones y el caso argentino”. Lo incomprensible de la solución que plantea Roubini es que su planteo se basa en que el FMI tome un rol mucho más activo en la negociación y logre de la Argentina un mayor sacrificio fiscal. O sea, propone que el FMI haga lo que ya está haciendo. Para Economía, la única manera de garantizar un acuerdo sería ofreciendo un pago inicial de 3000 millones de dólares en efectivo como zanahoria para los que acepten y costo para los remisos. Claro que, aseguran, “ni el Fondo hace la más mínima señal de querer colaborar prestando algo, ni nosotros estamos dispuestos a poner ese dinero ni mucho menos”. Eso dicen, al menos por ahora.