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En el país hay 15 millones de personas que han tenido que afrontar un aumento del gas superior al 160 por ciento desde la devaluación. La mayoría pertenece a hogares de bajos ingresos ubicados en la periferia de las grandes ciudades, en zonas rurales y en provincias que no tienen gas natural, como Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. Su principal fuente energética son las garrafas de gas licuado de petróleo (GLP), un insumo clave que permanece desregulado desde la privatización por no ser considerado un servicio público. La garrafa de 10 kilos aumentó en promedio de 9 a 24 pesos luego de la caída de la convertibilidad. En algunas zonas del interior del país se llega a vender hasta 28 pesos. Según el Indice de Precios al Consumidor, sólo en abril subió un 4,8 por ciento. Pese a la gravedad de la situación, el gas de los pobres no aparece contemplado entre las alternativas planteadas por el Gobierno para minimizar el impacto de la crisis gasífera.
La única medida se tomó en agosto del año pasado, cuando se acordó con los empresarios el lanzamiento de una “garrafa social” a 18 pesos disponible en apenas 300 puntos de venta. En la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado aseguraron a este suplemento que “las garrafas se siguen consiguiendo a 18 pesos”. Sin embargo, Cash visitó 30 puntos de venta de “garrafa social” en el Conurbano y en sólo tres la ofrecen a 18 pesos. En el resto de los escasos puestos promocionales el precio varía entre 20 y 24 pesos.
La garrafa nunca fue económica para los sectores populares, pero a partir de la devaluación se convirtió en un bien suntuario, pese a ser un artículo de primera necesidad. Una familia tipo requiere como mínimo dos garrafas de 10 kilos por mes para poder cocinar y calentarse. Sin embargo, el consumo promedio anual es de apenas 80 kilos por año. En los barrios más pobres se la utiliza con cuentagotas, complementándola con el uso de leña, querosén o energía eléctrica.
Las empresas del sector afirman que el gas licuado aumentó porque es un commodity que se cotiza a precio internacional. Toman como referencia los valores vigentes en el mercado norteamericano de Mont Belvieu donde el butano y el propano, que conforman el GLP, aumentaron un 115 por ciento en promedio entre enero del 2002 y diciembre del 2003. Actualmente, las empresas exportan el 55 por ciento de la producción de GLP, cerca de 1,6 millón de toneladas a granel, fundamentalmente a Brasil, Chile y Paraguay. Luego de la devaluación se había aplicado una retención del 20 por ciento al GLP pero, en julio del 2002, el gobierno de Eduardo Duhalde firmó un acuerdo con los productores para garantizar la “estabilidad de precios” y el abastecimiento a cambio de una rebaja de las retenciones del 20 al 5 por ciento.
Al tomar como referencia el mercado internacional, los productores obtienen una sobrerrenta notable porque sus costos son bajos. El 40 por ciento de la oferta de GLP se obtiene de las refinerías de petróleo a un costo que no supera los 3 dólares el millón de BTU porque es un subproducto que se consigue en el proceso de destilación del crudo. El 60 por ciento restante proviene de las plantas de separación de gas, entre las que se destacan General Cerri (propiedad de Transportadora Gas del Sur) y Mega en Bahía Blanca (Repsol y Petrobras), donde se separan los líquidos del gas extraído de Loma de la Lata para luego exportarlos a Brasil. En el caso del GLP proveniente del gas, el costo es aun menor porque el gas en boca de pozo ha permanecido congelado desde la devaluación a 0,45 centavos de dólar el millón de BTU y recién ahora se ha comenzado a actualizar su precio.
Expertos del sector afirmaron a Cash que el costo promedio, que combina la oferta proveniente de refinerías y plantas de separación de gas, está cerca de los 2 dólares por millón de BTU. Sin embargo, grandes productorescomo Repsol venden el gas licuado mayorista a 5,3 dólares por millón de BTU a sus empresas integradas, y a 7 dólares a los fraccionadores pequeños. Esa situación es posible porque la producción es controlada por un selecto grupo de empresas que opera de manera oligopólica. Repsol, TGS (Petrobras), Refinor (Repsol y Petrobras), Shell y Esso controlan casi el 80 por ciento de la oferta.
Las maniobras anticompetitivas son prácticas usuales en el mercado local de combustibles. Según datos de la Defensoría del Pueblo, durante el 2001, en la Argentina se pagó el kilo de GLP a 1,10 dólar, mientras que en Chile, Paraguay y Brasil el GLP comprado en la Argentina osciló entre 0,59 y 0,72 centavos de dólar. Situaciones similares se dieron en los ‘90. En marzo del 2000, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia sancionó a YPF por haber ejercido abuso de posición dominante entre 1993 y 1997, causa por la cual tuvo que pagar 109 millones de pesos.
La concentración también alcanza a la etapa de fraccionamiento. En la actualidad operan 50 fraccionadores, pero Repsol, Total Gas, Cañuelas Gas, Shell Gas, Amarilla y Gas Areco controlan el 80 por ciento del mercado. Según información proveniente de la Subsecretaría de Defensa de la Competencia, el precio de referencia de Repsol para las etapas de fraccionamiento y distribución es un 172 por ciento más caro que el de las cooperativas que operan en el mismo segmento, pero el predominio de la transnacional española es tan grande que termina imponiendo sus precios en el mercado.
La combinación de precios libres y falta de regulación estatal hace que, a paridad calórica, el GLP les termine costando a las familias 10,9 veces más que el gas natural. En el Congreso de la Nación hay por lo menos cinco proyectos presentados que buscan regular el mercado de GLP. Sin embargo, la discusión de fondo todavía no está saldada. Algunos proyectos buscan ponerle freno al oligopolio declarando al GLP un servicio público, situación que habilitaría una regulación de los precios como sucede en el caso de gas natural. Otras iniciativas, en cambio, quieren declarar al sector de “interés público”, lo cual no modificará sustancialmente la situación porque los precios seguirán siendo definidos por las empresas que controlan la industria.
Mientras tanto, en el Gobierno continúan asegurando que los hogares no sufrirán aumentos, como si los únicos usuarios existentes fueran los conectados a la red de gas natural y no los millones de pobres que dependen de la garrafa para pasar el invierno.