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Domingo, 9 de mayo de 2004

E-CASH DE LECTORES

E-Cash de lectores

SEGUROS
En 1998, en la Capital tuve un pequeño accidente de tránsito con mi Renault Clio modelo 1994 dominio STW-922. El damnificado fue un taxi Peugeot 504 al que envestí levemente desde atrás, debido a que el mismo detuviera instantáneamente su marcha. Los daños ocasionados no fueron graves. Detuvimos nuestros vehículos e intercambiamos datos de documentación, compañías de seguros, números de pólizas. Realicé la denuncia policial y ante la compañía de seguros. Mi póliza cubría terceros completos y estaba al día, y había sido contratada en Paraná Sociedad Anónima de Seguros bajo el Nº 501441 de fecha 6/11/1997. Tiempo después, recibo en mi domicilio una cédula de mediación. Informé de esto a mi compañía de seguros y nos presentamos juntos. Fui representado por la Dra. Balabanian, quien se presentó como apoderada de Paraná Seguros y sobrina del principal accionista de la empresa, al que ella identifica como Marcos Balabanian. La requirente (es decir, el taxista) pedía $800 de indemnización por el accidente, lo que la abogada se negó a pagar. Se cerró la mediación sin arreglo de partes. Una año después, el demandante inicia una causa judicial civil por daños y perjuicios. Desde 1999 he sido representado por distintos abogados de Paraná. La demanda prosperó y el juez dictó sentencia contra mi persona por la suma de $1392,90 más intereses, gastos y costas. Por tratarse de un importe menor al requerido la sentencia es inapelable. He tenido que contratar mis propios abogados para que me asesoren acerca de este fallo en mi contra, los que me informan que la compañía de seguros “puede negarse a pagar”. Mis abogados me dicen que una vez que yo pague “tengo la opción de iniciarle juicio” a la compañía de seguros, a la que puntualmente le he pagado la póliza que supuestamente debería haberme cubierto de ese problema. He denunciado en la Superintendencia de Seguros de la Nación este hecho aunque a la fecha no he obtenido respuesta alguna, por lo que es dable preguntarse hasta dónde nos protegen a los consumidores esas oficinas gubernamentales.

Guillermo Carlos González
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