Pese a la mejoría en los indicadores laborales, los jóvenes siguen siendo el sector más vulnerable del mercado de trabajo: la tasa de desocupación de los que tienen entre 15 y 24 años más que duplica la tasa general. Aquellos que encuentran trabajo se enfrentan a condiciones laborales muy desfavorables, ya que sus empleos son temporarios y la mayoría de ellos no están registrados. Además, suelen realizar tareas de muy baja calificación y perciben remuneraciones que están muy por debajo del promedio de los salarios.

Según un estudio hecho por el investigador de la Universidad del Salvador, Horacio Chitarroni, en el primer semestre de 2004, la tasa de desocupación de los jóvenes era del 31 por ciento frente al 14,6 del promedio general. Y de los que están ocupados, el 75 por ciento de los menores de 25 años y el 90 por ciento de los adolescentes tenía trabajos informales. Los datos muestran que los asalariados aumentan en los jóvenes mayores de 20 años, mientras que las tareas de escasa calificación abundan entre los adolescentes, fundamentalmente en aquellos que no tienen el secundario completo.

Si bien los obstáculos para conseguir trabajos se vinculan con la falta de experiencia y el déficit educativo, a comienzos del 2004, tres de cada diez jóvenes que habían completado el secundario tenían empleos carentes de toda calificación. Chitarroni observó ante Cash que “la proporción de chicos insertos en el mercado que terminaron el nivel medio no difiere mucho de los que no lo terminaron. Con lo que las credenciales educativas son una condición necesaria pero no suficiente para conseguir trabajo”.

Sin embargo, la falta de niveles mínimos de educación se vuelve un impedimento a la hora de formalizar la situación laboral de los más jóvenes. El economista Luis Beccaria reconoce en su artículo Juventud y Empleo que “la intermitencia laboral entre empleos de baja calidad” los condena a seguir teniendo menores probabilidades de acceder a puestos formales. Así, cinco de cada diez adolescentes y tres de cada diez jóvenes no permanecen en un trabajo más de seis meses. La relación entre el nivel de instrucción y la precariedad laboral se profundiza en un círculo vicioso. Porque al mismo tiempo que los jóvenes no alcanzan los conocimientos requeridos por el mercado de trabajo, la necesidad de trabajar –sobre todo en los sectores más pobres– los obliga a una interrupción temprana de sus estudios.

Si bien la falta de correspondencia entre las acreditaciones educativas exigidas y los puestos de trabajo disponibles abarca al conjunto de los jóvenes, “los matices (económicos y geográficos) muestran una brecha muy importante entre los distintos estratos sociales”, explicó a Cash la especialista en educación, Patricia Redondo. Según la investigadora, “en las zonas más pobres del país, hay cifras alarmantes de adolescentes que no están en la escuela ni tienen trabajo. Y muchos de ellos son sostenes de hogar. Este es el nudo más preocupante de la cuestión”.

Actualmente, los jóvenes tienen más acceso a la educación que al empleo. Cuentan con más años de escolaridad formal que las generaciones anteriores y, sin embargo, duplican o triplican el índice de desempleo con respecto a esas generaciones. “Están más incorporados a la adquisición de conocimientos, pero más excluidos de los espacios en que dicho capital humano puede realizarse”, concluyen en la Cepal.

Las propuestas para solucionar esta exclusión son diversas. Para el investigador de la OIT, Alfredo Monza, “las políticas públicas deben propender a convertir a un activo joven desocupado no ya en un activo joven ocupado, sino en un inactivo en la condición de estudiante”. Lo que supone un sistema de becas que tenga significación en términos de ingreso familiar. Es necesario “compatibilizar la política de empleo con la política educativa y (realizar) un manejo consistente de los recursos presupuestarios”, estima Monza.