En los últimos días el Gobierno avanzó dos grandes pasos en un largo camino, que por lo menos demorará en recorrer todo lo que resta del año, y el verano de 2006. El primero fue el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York sobre el embargo de los títulos defolteados, pedido por los buitres, y el segundo fue la aceptación por parte del FMI para refinanciar 2500 millones de dólares que vencían en los próximos doce meses.

Aunque, por supuesto, apreciaron las novedades, en Economía siguen más preocupados por todo lo que falta que por lo muchísimo ya obtenido. Sin ir más lejos, ni siquiera se atreven a dar como finalizado el episodio del embargo del juez Thomas Griesa, ni mucho menos se animan a dar por hecha la materialización del canje. Sucede, por empezar, que la Corte todavía ni siquiera notificó al juez el fallo (para lo cual cuenta con veintiún días), y mientras tanto se siguen sumando demandas contra la Argentina, de acreedores que no adhirieron al canje. Lo impresionante de esto último es la intensidad de los nuevos juicios: se inician a razón de uno cada dos días. El temperamento del ministro Roberto Lavagna se caracteriza entre otras cosas por la paciencia, pero hay días que la ansiedad lo gana a él y a su equipo, que quisiera ver de una vez por todas, concretado el primer gran capítulo del canje.

En paralelo a la solicitud que el miércoles aceptó el Fondo, continúan las negociaciones con el organismo para llegar a un acuerdo que implicaría la refinanciación de otra porción parecida de lo que se le debe. En ese tira y afloje la relación se ha distendido bastante y la confianza entre las partes ha crecido, pero las diferencias que restan son muy difíciles de saldar.

Existen tres puntos de discrepancia fundamental, de los cuales pareciera que el más complicado tiene que ver con la exigencia que el Fondo, erigiéndose en vocero de las privatizadas, viene machacando para que el Gobierno cierre la renegociación de los contratos incluyendo significativos ajustes tarifarios. Lo paradójico de este problema es que en lo esencial, la visión de Lavagna coincide con la del Fondo acerca de la necesidad de elevar las tarifas de electricidad y gas mucho más de lo que, por ejemplo, se contempló en el acuerdo con Edelap.

Basta advertir que en cada presentación que la conducción de Hacienda realiza sobre la política macroeconómica aquí o en cualquier otra parte del mundo incluye un gráfico que resalta el atraso en el precio de esos dos tipos de energía.

Esta polémica posición de Economía no es compartida por el ala política del Gobierno, que en un año de elecciones no está dispuesto a ceder más de lo que ya hizo, en particular en los valores de los consumos residenciales.

Al respecto, un párrafo aparte merece el anuncio del plan de incentivos promocionales que el Gobierno anunció el miércoles para la exploración y producción de petróleo y gas, en la misma semana que el propio Lavagna criticaba no sólo al populismo setentista sino también a la política del “crédito fácil”: ¿no es acaso un retroceso al crédito fácil subsidiar a un sector que (como fue mostrado en esta columna una semana atrás) goza de la más alta rentabilidad histórica?

Volviendo a los tironeos con el FMI, el segundo punto de discrepancia es el superávit fiscal, donde desde Washington pretenden que el equivalente al 5 por ciento del PIB que el Gobierno obtuvo de excedente el año pasado, sea mantenido como un compromiso en lugar de ser tomado como un sobrecumplimiento. Los negociadores locales sólo se muestran dispuestos a mantener como obligación el 3 por ciento, y con- fían en que en esto lograrán salirse con la suya.

El tercer punto es la tan mentada solución realista que el Fondo requiere para los bonistas que no adhirieron al canje, los llamados holdouts. La novedad al respecto es que en Economía no cesan de recibir recomendaciones de especialistas en los que ellos confían y a los que ellos mismos consultan, que coinciden en la conveniencia de reabrir el canje, a su medida y armoniosamente. Esto último hay que entenderlo como una reapertura no inmediata y en peores condiciones que la oferta de canje original, de manera tal que sientan el castigo por no haberse subido en la primera vuelta. El consejo es dejar pasar unos meses desde que comiencen a cotizar los nuevos bonos, porque se descuenta que a esa altura, se habrán recotizado y la brecha con los viejos bonos será lo suficientemente amplia como para convencer a la mayoría del 24 por ciento que se quedó afuera.

Si Economía finalmente les hace caso, habrá que pensar en cómo se sortean dos obstáculos que el propio gobierno se puso. El primero es la llamada Ley Cerrojo, y el segundo es la enfática afirmación de Kirchner acerca de que en su mandato no habrá reapertura alguna. Pero como bien se sabe, las leyes se modifican y a las palabras se las lleva el viento.