De considerarse a Bolivia como un individuo, podría concluirse que ha decidido suicidarse. El país más pobre de América del Sur, con dos tercios de sus más de ocho millones de habitantes viviendo bajo la línea de pobreza, aprobó esta semana una ley de hidrocarburos que ya ha empezado a limitar la inversión extranjera en el único campo que puede asegurar más recursos, pero que por sí sola Bolivia no puede desarrollar: el petróleo y el gas. En rebelión contra eso, Santa Cruz de la Sierra y Tarija, las principales regiones productoras, amenazan separarse de lo que consideran el occidente indígena y parasitario del país. Pero ese occidente va por más, y para la semana próxima se esperan marchas y disturbios que van a reclamar la renacionalización de la energía. Dentro de esta escalada, presidida sólo en las formas, con mano insegura y sin ningún apoyo parlamentario por el ex periodista Carlos Mesa, las fuerzas armadas han hecho oír su voz, proclamando que no tolerarán “la desintegración nacional”, lo que sembró rumores de golpe de Estado.

Este cuadro reclama una puesta en perspectiva. Las reservas de gas de Bolivia son las segundas mayores de Sudamérica, detrás de Venezuela, y las de petróleo son las quintas de la región. El primer gobierno del ahora derrocado ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, de quien el ex periodista fue un vice que supo apartarse a tiempo, privatizó hace nueve años Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), dividiéndola en varias compañías y ofreciéndola a la inversión privada. El sector público retuvo un papel como gestor y fiscalizador del negocio, y firmó con 25 grupos extranjeros 72 acuerdos. Pero esas compañías adquirieron todos los derechos de exploración, producción, distribución y exportación de gas natural y petróleo, a cambio de una regalía del 18 por ciento y un 34 por ciento sobre los beneficios. De 1996 a 2004, esos grupos invirtieron unos 3500 millones de dólares, casi la mitad del Producto Bruto Interno de Bolivia. Por contraste, la nueva normativa estipula un 32 por ciento de impuestos y 18 por ciento de regalías, lo que de acuerdo con el analista sectorial Carlos López supone –sumándoles impuestos especiales– una carga fiscal real del 34 por ciento.

La reacción de las compañías no se ha hecho esperar. Petrobras, cuya actividad petrolera en Bolivia representa el 20 por ciento del PBI nacional, anunció esta semana que limitará sus inversiones. Para la semana entrante se espera una lluvia de demandas de parte de las principales empresas que operan en el país (entre las cuales figuran la argentino-española Repsol YPF, la franco-belga TotalFinaElf y las británicas British Gas y British Petroleum), a medida que la refundada YPFB inicia la revisión de los contratos. Pero YPFB cuenta ahora en sus arcas con apenas cuatro millones de dólares, y la previsible rescisión de contratos sólo puede significar una merma en la recaudación del Estado. “En Bolivia nos repartimos el gas antes de sacarlo, y para eso se necesita una inversión de 1800 millones de dólares que, con la nueva ley, difícilmente obtendremos”, apunta López.

El origen de esta caída al precipicio parece una larga lista de nonsequiturs. Porque “el gringo” Sánchez de Lozada –que habla con un fuerte acento inglés, ya que pasó la mayor parte de su vida en Norteamérica– tuvo la inoportuna idea de exportar gas a Estados Unidos a través de un puerto chileno –reavivando las heridas nacionalistas de la guerra de 1878–, los líderes indigenistas Evo Morales y Felipe Quispe desataron una rebelión popular cuyo verdadero origen estaba en una salvaje erradicación de cultivos de coca –patrocinada, pero no recompensada por Washington– que hundió a la economía campesina. Entonces, derrocado “el gringo”, se planteó la nueva ley de hidrocarburos –que apareció como la única tabla de salvación para el frágil gobierno subsiguiente– y hasta la renacionalización. Pero los números son algo duro, y no hay forma de que cuatro menos tres dé cinco.