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Por José Luis Coraggio *

El recientemente formado Consejo de Inclusión Social estaría considerando la propuesta de bancos y grandes empresas emisoras de tarjetas comerciales, de que el pago del subsidio de 150 pesos se realice por medio de una tarjeta de débito “sin costo para el beneficiario”. Esto sería un grave error del Gobierno. Al menos lo sería si el objetivo de la política social es poner en marcha un proceso de mejoría efectiva en la calidad de vida y en las expectativas de las familias con jefes o jefas desocupados. Sería un acierto si el objetivo es seguir consolidando el mismo sistema financiero que especula con los ahorros nacionales y el valor del dólar y reforzar las ganancias del sector más concentrado de la economía, el mismo que descapitaliza al país y que hace política corruptora tras bambalinas.
En primer lugar, como ya pasó con una oferta anterior de los bancos, sería otra vuelta de tuerca a la bancarización de los ingresos de la gente, en este caso incluyendo a los sectores indigentes. El Estado volvería a canalizar hacia el sector financiero una masa considerable de recursos y fuente de ganancias. En segundo lugar, canalizaría todo ese poder de compra –que es bajo por persona pero muy significativo dada su masividad (mil doscientos millones de pesos hasta fin de año, a lo que se sumarían los nuevos subsidios que están en cartera y que se sostendrían con más deuda externa)– hacia las grandes cadenas minoristas (súper e hipermercados) o las empresas que cobran servicios por ese medio.
Como ya se demostró con la anterior “oferta sin costo”, entrar al sistema de tarjeta de débito tiene costos prohibitivos para los pequeños comerciantes y es evidente que los pequeños productores agrarios, las redes de trueque, la pequeña producción urbana, las cooperativas, no tienen ni pueden tener el aparatito por el que hay que pasar la tarjeta para poder vender.
La política de subsidios iniciada tiene un potencial importante porque, como los economistas saben, puede tener un efecto multiplicador del ingreso si genera sucesivas rondas de nueva actividad económica en lugar de fugarse como ganancias monopólicas. Ese programa incluye una contraprestación laboral que, si se canaliza hacia nuevas actividades productivas o la reactivación de las que están en quiebra (como muestran las empresas que han sido reactivadas por los trabajadores con o sin asociación con los propietarios), implica que esa capacidad de compra circule y se multiplique en los barrios. Esto requiere que desde las diversas localidades y barrios los municipios, las ONG, sindicatos, pastorales, escuelas, universidades e institutos tecnológicos impulsen emprendimientos asociativos, cooperativos, mercados populares, fomentando la economía popular y los mipymes y no la economía de los monopolios. Esto genera nuevos actores productivos, amplifica las capacidades de emprendimiento y de generación de nueva riqueza.
Para muchos recaudadores que “no pueden” cobrar las deudas impositivas a los grandes evasores, es apetitoso el 21 por ciento de los miles de millones de pesos que se abonarán de ahora hasta fin de año por estos programa de subsidio. Una política social que se planteó como un derecho y como una redistribución de ingresos no debe ser cooptada por el economicismo fiscalista. Sin duda que el paso de esa masa de compra por los hipermercados es codiciada además por el pago del peaje llamado IVA. Pero, ¿es éste el momento de restarles opciones de uso y sacarle 21 por ciento a los 150 pesos que se da a las familias indigentes? Justamente el Indec acaba de indicar que los precios de los productos de primera necesidad aumentan más en las cadenas que en los comercios del barrio.
Se argumenta que la tarjeta combatiría el clientelismo. Ningún artefacto, mucho menos si es a favor de los monopolios, combate el clientelismo. El clientelismo y la corrupción conforman una cultura cuya superación llevará acciones más directas y complejas y menos simplistas que bancarizar el ingreso de los indigentes. Es preferible luchar contrael clientelismo en cada municipio, en cada provincia, en cadaministerio, en los espacios público que abrió la ley –los Consejos Consultivos– que deben ser ocupados por la sociedad. Eso construye ciudadanía. La bancarización alienta consumidores empobrecidos y pasivos.
Las ganancias en juego son tales que no deberá asombrarnos que se desate una operación mediática para hacernos creer que ahora los bancos privados piensan en la gente y que son un arma contra la corrupción. La transparencia se logra con control social legitimado y no con instrumentos bancarios. Por último, pruebas al canto: ¿qué más opaco que el uso que han hecho los bancos de los ahorros de la gente y del manejo actual del mercado de dólares?

* Rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento.