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En los papeles, no podía fallar. La devaluación del peso provocaría algún grado de inflación porque numerosos precios internos se acomodarían al nuevo valor del dólar. Por tanto, el gasto público tendería a licuarse en proporción, ya que el mayor componente del costo estatal son sueldos y jubilaciones, y ni aquéllos ni éstas recibirían reajuste alguno. En cambio, el fisco podría recaudar el “impuesto inflacionario”, nombre que se asigna a dos recursos de diferente naturaleza. Uno es el aumento en el producido de tributos como el IVA, o el que grava las transacciones financieras, que en alguna medida deberían seguir el curso de los precios. Otro, la posibilidad de inyectar dinero desde el Banco Central para sostener a Hacienda, reponiendo base monetaria licuada, a partir de la abolición de la convertibilidad.
En los papeles, no podía fallar. Pero falló. Según sostiene la Fundación Mediterránea en su último informe semanal, “el impuesto inflacionario ha demostrado ser insuficiente para financiar el rojo fiscal ante un gasto público nacional que dista de mantenerse constante en términos nominales: el estimado para este segundo semestre es de $ 28.737 millones, muy por encima de los $ 26.435 millones gastados en igual período del año anterior. La diferencia se explica principalmente por los $ 825 millones destinados a nuevos planes sociales, los $ 200 millones de subsidios adicionales al transporte y los $ 1000 millones de incremento de intereses, a pesar del default que lleva a considerar el pago de solo una parte de los servicios de la deuda.”
En otros términos: la devaluación, que pretendía licuar el gasto nominal a través de la inflación, genera a su vez nuevos gastos, sobre todo ligados a la profundización de la crisis social por el deterioro de los ingresos reales y al aumento del desempleo. En todo caso, estas tendencias aparecieron durante la convertibilidad misma, a partir del inicio de la recesión en 1998, y la devaluación –antecedida por el corralito y por el default– las acentuó.