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Por Natalia Aruguete

Así como los concesionarios de los servicios públicos privatizados no trasladan a los usuarios los efectos de sus decisiones empresarias correctas, no pueden solicitar ahora el traslado de los efectos de sus decisiones empresarias equivocadas.” La frase no surgió de una asamblea barrial, ni siquiera de un consejo vecinal que se encuentre luchando por la implementación de una tarifa social, sino de un informe elaborado por la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos. Mientras tanto, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, dejó en suspenso la discusión sobre las tarifas de los servicios públicos, hasta tanto no se defina la negociación con el Fondo Monetario. La intención del titular del Palacio de Hacienda es que las privatizadas contribuyan a persuadir al FMI sobre la urgencia de un acuerdo con la Argentina. Un mecanismo que no parece haber logrado su objetivo: a través de un documento redactado por Anoop Singh, el organismo de crédito incorporó un nuevo condicionante a su larga lista de exigencias: reclamó un ajuste de las tarifas, argumentando que “la situación de estas empresas podría deteriorarse aún más”.
En tono de advertencia, el documento firmado por Alberto Biagosch, encargado de dirigir la comisión que negocia con las privatizadas, sostiene que sería “ilegítimo” aumentar las tarifas sin que previamente se actualice el salario real, y sin tomar en consideración el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía, la distribución del ingreso, la calidad de los servicios y los planes de inversión, aspectos contenidos en la Ley de Emergencia Económica, sancionada el 6 de enero de este año, como criterios clave para la toma de decisiones en materia de tarifas. A estos parámetros se agregan dos, incorporados por el decreto 293/02: las inversiones efectivamente realizadas por las empresas y las obligaciones comprometidas contractualmente.
Varios analistas han asegurado que el Estado cuenta con suficientes elementos para demostrar que, pese a los aumentos permanentes en la tarifas, las privatizadas han incumplido con los compromisos establecidos en los contratos originales de concesión. Más aún, la mayoría tampoco alcanzó las “flexibilizadas” metas estipuladas en las subsiguientes renegociaciones. También es demostrable que esta ecuación –ajuste tarifario vs. incumplimiento de los compromisos– les permitió duplicar y hasta triplicar sus beneficios respecto de los de sus propias casas matrices. El caso de Aguas Argentinas es ilustrativo: a pocos meses de iniciada la concesión del servicio de agua potable y desagües cloacales, solicitó una “revisión extraordinaria” de las tarifas, aduciendo pérdidas operativas no previstas. La autoridad de aplicación dio lugar al pedido, sin que se hubieran cumplido los requisitos estipulados en el marco de concesión.
Según un estudio realizado por Flacso, entre 1993 y 2000, las 200 empresas más grandes del país tuvieron una rentabilidad de casi veintinueve mil millones de dólares. De ese total, las privatizadas (apenas 26, el 13 por ciento de ese total) se apropiaron del 56,8 por ciento. Con estos antecedentes, el peso que cobren estos dos criterios -las inversiones realizadas y las obligaciones comprometidas– en la mesa de negociación, y su efectiva contrastación con la realidad de los ‘90, será determinante a la hora de evaluar la actitud del Gobierno frente al lobby empresario y el nivel de aceptación del Ejecutivo respecto de las exigencias de los organismos multilaterales de crédito.
La impronta de que la emergencia pública no sólo fue declarada en materia económica, financiera o cambiaria, sino también social, está claramente plasmada en las conclusiones de la comisión. En este sentido, Biagosch sostiene que serían “ilegítimas” las decisiones que se adopten en materia tarifaria “por exceder los límites de la política legislativa fijada por el Congreso de la Nación”. Y considera que el objeto esencial de la negociación no es resarcir al contratista, sino aplicar el principio de defensa del bien común y esfuerzo equitativamente compartido. En elcampo opuesto, los consorcios pretenden mantener los márgenes de ganancia logrados hasta ahora, por medio de un seguro de cambio. Pero por lo visto el equipo oficial no admite que la diferencia patrimonial, producto de un cálculo entre la situación anterior a la declaración de la emergencia y la actual, sea resarcida por vía tarifaria.
Como lo han demostrado algunas investigaciones, las empresas privatizadas recurrieron al endeudamiento externo, en lugar de aportar capitales propios para el cumplimiento de los planes de inversión. Ello era condición sine qua non para acceder a la concesión. Las decisiones empresarias de pedir préstamos en el exterior estuvieron motivadas, además, por las diferencias en las tasas de interés internas con respecto a las internacionales. En otros casos –advierte el escrito– fueron tomadas porque “su propia casa matriz o sus vinculadas actuaban como entidades prestadoras. Quienes así se endeudaron tuvieron la opción de recurrir al mercado de capitales y al sistema financiero argentino”.
No es casual entonces que el Banco Mundial (al igual que el FMI) postule, sin fundamentos relativos a los exigidos por la Ley de Emergencia, un ajuste tarifario favorable a las empresas. Y que lo pretenda hacer a través de una “Misión de Apoyo” compuesta por especialistas extranjeros muy bien remunerados (ver Suma Cero, El Dato, página 2). Sin embargo, el organismo de crédito no incorporó a sus recomendaciones que la Corporación Financiera Internacional (CFI) es acreedora de las empresas de servicios públicos: más del 20 por ciento de la deuda de Aguas Argentinas corresponde a créditos otorgados por la CFI –vinculada al grupo Banco Mundial–, que a su vez participa en un 5 por ciento de la actual conformación accionaria de la empresa Aguas Argentinas. Por todo esto, concluye el informe, se torna “incompatible” la actuación del BM en esta renegociación.