En el lenguaje corriente lo que se denomina “campo argentino” es una extensión de 174.808.564 hectáreas que se centra en la tierra como recurso básico y que está ocupado por 333.533 explotaciones. En esta amplia fracción del país –casi 63 por ciento del territorio continental de la Argentina– trabajan un poco más de un millón de personas en forma permanente ya sea como productores, asalariados o mano de obra familiar. La cantidad de trabajadores transitorios –que se ocupan estacionalmente y muchas veces en recorridas migratorias– es difícil de estimar dada la doble ocupación que estas personas suelen tener (campesinos-trabajadores rurales). Los trabajadores del campo atraviesan en los últimos años dos procesos de transformación: disminuyen su participación en la población ocupada del país y registran fuertes procesos de fragmentación interna. Mientras que en 1970 representaban el 24 por ciento de la Población Económicamente Activa total, en 2001 eran sólo el 8 por ciento. Del mismo modo dentro de la categoría conviven distintas ocupaciones que ofrecen condiciones laborales e ingresos muy disímiles. Es interesante entonces observar que la mayor parte del territorio, rico en recursos naturales como la tierra y el agua, ocupa a una mínima porción de la población activa del país.

En la actualidad no sólo las maquinarias reemplazan a la mano de obra sino que, por ejemplo, la semilla no se produce sino se compra y en las grandes extensiones que se logran formar a través de arriendos y contratos, los trabajos son llevados a cabo por “servicios de terceros”. Es importante remarcar que todo esto se produce dentro de un modelo de desarrollo agropecuario que está sostenido por una serie de arreglos institucionales por parte del Estado. “Agronegocio” es la nominación a esta situación generada, que dio otra vuelta de tuerca a “la modernización capitalista en el agro”. En la idea del “modelo de agronegocios” existe una tentativa de resaltar ciertos aspectos que se consideran positivos (la mayor productividad del sector, beneficios al fisco, por ejemplo) y ocultar las negativas (su carácter concentrador de tierra y capital, depredador de recursos, expropiatorio y excluyente). En el país la aparición de esta denominación fue paralela a la expansión del complejo sojero. Por lo cual muchas veces se toma la producción sojera como paradigma para dar cuenta de las transformaciones del conjunto.

Es importante distinguir el modelo de “desarrollo agroindustrial”, que tiene larga data en el país, del “agronegocio”. El primero aparece simultáneamente con la expansión del sector agrario en las postrimerías del siglo XIX dando cuenta de su carácter modernizador. Se caracterizó por una significativa incorporación de mano de obra asalariada en las etapas primarias y de beneficio industrial así como por la integración de agentes económicos agrarios muy diversos: campesinos, chacareros, grandes productores capitalistas. Tanto las empresas agroindustriales como los agricultores capitalistas de distintos tamaños ocupaban importante volumen de mano de obra transitoria y un volumen de trabajadores permanentes mayor al actual. Fue un sistema de fuertes desigualdades internas pero de inclusión.

La lógica del modelo de “agronegocio” que aparece acompañada por los llamados commodities, en especial la soja, se expande al resto del sistema como modo de “eficiencia” y altas rentabilidades. En la actualidad, los viejos ingenios azucareros del noroeste, las empresas vitivinícolas de Cuyo, los molinos yerbateros, etc. tienden a actuar en la lógica del “agronegocio”. En todos ellos hay concentración de tierra agrícola, disminución de trabajadores y fragmentaciones en su interior. Es frecuente encontrar fuertes contrastes entre los paisajes que muestran los grandes avances tecnológicos en equipamientos y prácticas agronómicas con los campamentos miserables de los trabajadores eventuales. Del desarrollo agroindustrial, típico del modelo desarrollista (con sus distintas variantes) se ha pasado a este otro gestado dentro del modelo neoliberal global. Si aquél conformaba un sistema de fuertes desigualdades internas pero con inclusión, éste configura un sistema de exclusión: disminución del número de trabajadores ocupados, arrinconamiento y expropiación de tierras campesinas bajo el derecho de la Ley Veinteañal, despojo de tierra de comunidades aborígenes, etc. En el modelo neoliberal del “agronegocio” el trabajo es escaso y, como en el resto de la economía, mal pago. Además la convivencia del “agronegocio” con territorios campesinos y aborígenes es imposible sin una política del Estado que, por ahora, está ausente a pesar de los fuertes reclamos y protestas en tal sentido.

* Socióloga. Coordinadora del Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani (UBA).