El Presupuesto 2008 plantea en general la continuidad de la política económica, cuya esencia es intentar sostener el profundo cambio en los precios relativos producido por la devaluación. No anuncia novedades ni en la política tributaria ni en los profusos y crecientes subsidios a los sectores dominantes. Esto implica que no hay intenciones de transformar el mero crecimiento en desarrollo, ni siquiera en el de permear los frutos del crecimiento a elevadas tasas en una mejora distributiva.

La “competitividad cambiaria”, una de las políticas centrales, posibilitó la reversión del prolongado período de creciente exclusión social. La desocupación y la pobreza bajaron a los niveles de mediados de los noventa y la indigencia también muestra una importante disminución, aunque aún supera el nivel predevaluatorio. Pero la distribución del ingreso se congeló en el inequitativo punto alcanzado en lo peor de la crisis, no dando señal de mejora alguna para el 30 por ciento más pobre.

Este modelo de crecimiento tiene como contracara que requiere mantener los bajos niveles salariales. La declamada prioridad del “consistente conjunto de políticas de ingreso” no es la redistribución sino arbitrar en el conflicto distributivo, de manera de moderar las expectativas inflacionarias. Esto se traduce en los profusos subsidios al capital dominante para sostener precios y tarifas, el monitoreo y la fijación de estrictas pautas a los acuerdos salariales del sector privado, en la profundización de la política de ajuste a las provincias, inviabilizando la recomposición de la más postergada de las categorías laborales: los trabajadores públicos que en sus tres cuartas partes son empleados provinciales, y en las escasas recuperaciones de las remuneraciones de los empleados del Estado nacional.

“Los servicios de la deuda crecen hasta el 2,2 por ciento del PIB”, apunta Castro Pueyrredón.

Más sintomático aún es la directa omisión del problema del empleo no registrado. La subsistencia de niveles de pobreza en un 23 por ciento según el Indec (que se elevaría al 28 por ciento de medirse correctamente los precios) con una desocupación del 9 por ciento sólo se explica porque el salario medio de los trabajadores no registrados es inferior a la línea de la pobreza. El Presupuesto 2008 nada prevé al respecto.

El otro punto básico de las políticas para 2008 es la “administración fiscal prudente”, que prevé un superávit primario del 3,15 por ciento del PIB. Pese al elevado superávit primario, del 3,2 por ciento del PIB promedio en la gestión, luego de la reestructuración el endeudamiento continuó creciendo. Los servicios insumen una creciente porción de este superávit, aumentan del 1,9 por ciento del PIB en 2006 al 2,2 por ciento en la subestimada previsión oficial para 2008, pese a capitalizarse una importante parte de los intereses. Esto llevará inexorablemente a políticas de ajuste que eleven el superávit fiscal primario, diagnóstico que parece ser compartido por los defensores del gran capital, que cuestionan el superávit por “escaso” y reclaman por lo “elevado” del gasto público.

Las políticas en curso, y que no se prevén cambiar, son inconsistentes en el largo plazo. Para sostener un desarrollo que conjugue crecimiento, inclusión social y disminución de la desigualdad es necesario encarar políticas que promuevan un cambio cualitativo en la estructura socioeconómica en general y en nuestras relaciones de intercambio internacional en particular, no meramente una ampliación cuantitativa como el crecimiento actual.

La continua prioridad al gasto en la educación superior, y particularmente en el aparato científico tecnológico, son una buena señal en ese camino. Pero se carece de políticas para transformar esa inversión en una producción con mayor valor agregado. El Presupuesto 2008 reitera las marcadas subestimaciones en los ingresos, en la no inclusión del ajuste a las jubilaciones (un aumento del 10 por ciento acorde con la pauta inflacionaria implicaría unos 5783 millones de pesos), en el costo de la política de subsidios a la energía, el transporte y al sector agroalimentario, así como en los servicios de la deuda.