¿Cómo considerar al petróleo y al gas natural: recursos estratégicos no renovables o commodities? ¿Cómo razonar la energía: bien social universal, insumo clave para la recomposición y definitivo impulso del aparato productivo nacional o simple mercancía? ¿Cómo entender y practicar la defensa de la seguridad jurídica de la población? Interrogantes que las autoridades del gobierno electo deberán responder, más aún si se tiene en cuenta que el próximo 13 de diciembre se cumplen cien años del descubrimiento de petróleo. En igual sentido, los millones que carecen de acceso a gas por redes querrán saber: ¿habrá gas envasado por mucho tiempo o finalmente llegarán los benditos gasoductos? ¿Se proseguirá con la exportación de gas natural? ¿Exportaremos petróleo con apenas 8 años de horizonte de vida al nivel de producción vigente? ¿Se asignará la urgente reposición de reservas a las mismas concesionarias que fracasaron en hacerlo durante los últimos diecisiete años? Los yacimientos más importantes del país (Neuquén y Chubut) registran fuertes declinaciones de sus reservas desde 2005: ¿resulta sensato que en la primera provincia el 87 por ciento de la extracción de crudo siga concentrándose en tres empresas (PAE, YPF y Tecpetrol), y en la segunda un 91 por ciento en cinco empresas (YPF, Chevron y Petrobras, entre otras)? En relación con el gas natural, los combustibles fósiles y la electricidad: ¿qué política o principio tarifario regirá de aquí en más: social, con fines de promoción industrial o reguladas por el principio de recuperación de costos, basadas a su vez en referencias internacionales?

Los millones sin electricidad seguro se preguntarán: ¿llegará finalmente el tendido eléctrico, la energía por distribución? Los millones con vehículos, más el montón que planea comprarse, razonarán con lógica: si el costo total de producción de un barril ronda los 6 dólares y las operadoras lo venden a las refinerías a un promedio de 43 dólares, ¿no habría margen suficiente para rebajar los precios de las naftas entre un 60 y un 80 por ciento? ¿Continuarán las exportaciones de productos derivados? Las Cooperativas de Gas y Electricidad que abastecen a millares: ¿recibirán apoyo del Estado, de Enarsa o serán finalmente fagocitadas por las empresas del sector? Las universidades, los institutos públicos o privados, canteras de futuros profesionales y técnicos querrán prever: ¿se crearán nuevas empresas estatales o mixtas de servicios públicos? ¿Las existentes tomarán más personal?

El modelo de gestión pública de la energía viene aumentando progresivamente su participación en el sector. No obstante, una Argentina industrial y socialmente justa –tal como la flamante Presidenta desea–, no podrá lograrse en esta obligada etapa de profundizaciones sin la extirpación absoluta del modelo energético neoliberal. Y para que así ocurra, la nacionalización de los recursos (anulando el “federalismo” de la ley 24.145) y la vuelta masiva al Estado empresario se imponen como medidas obligadas. En efecto, la experiencia mundial prueba que el “Estado empresario” es la única herramienta capaz de captar el grueso de las rentas diferenciales, contribuyendo paralelamente a la recuperación de la confianza en la gestión estatal. ¿Por qué? Una frase del ingeniero Enrique Hermitte –descubridor de petróleo en la Argentina– responde la pregunta: “Para justificar la desconfianza (en un directorio de cualquier empresa estatal) sería necesario creer que un directorio de esa naturaleza debe forzosamente fracasar por el hecho de estar compuesto de argentinos”. La Argentina al frente de sus empresas es y ha sido, valga la redundancia, una gran empresa. Si el proyecto de país por venir es nacional y popular, si la flamante Presidenta confirma ser “muy jauretcheana” –tal como manifestó a este diario– y obrar en consecuencia, entonces sabrá responder las preguntas aquí formuladas defendiendo la seguridad jurídica del pueblo argentino.

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