Faltan 22 días para el cierre del período de seis meses de elección de régimen previsional. Opción que para millones de personas significa una de las decisiones más importantes en cuanto a sus futuros ingresos para el momento del retiro laboral. La alternativa consiste en pasar al sistema estatal de reparto o permanecer en el mercado financiero de capitalización individual de aportes. Semejante desafío individual merece información y debate de ideas porque no se trata de un tema trivial, sino de la propia jubilación. Sin embargo, pese a la relevancia de la cuestión, el silencio es sugestivo. No hay campaña del Estado ni de las AFJP, en un pacto de caballeros que cuida más las relaciones de poder que el interés de los trabajadores. A las Administradoras no les interesa alentar la discusión sobre cuál de los dos regímenes es mejor para quien mes a mes realiza su aporte previsional. Esa estrategia queda en evidencia por la escasa difusión que hacen de las bondades del sistema privado y del peculiar desinterés de la mayoría de los medios de comunicación para abordar una elección que involucra a millones de personas. En tanto, el Estado, que en un primer momento tuvo una presencia importante explicando los alcances de la significativa reforma, en los últimos meses y, en especial, en estas semanas cruciales se ha ausentado de una facultad indelegable de esclarecer a la población la trascendencia de esa decisión previsional. Los sindicatos, por su parte, asumieron una posición de espectadores pasivos cuando tienen responsabilidad de informar y orientar a sus afiliados sobre las particularidades de cada sistema.

Foto: Gustavo Mujica

Más de un millón de trabajadores ya han optado en forma voluntaria por abandonar las AFJP para incorporarse a un esquema de solidaridad intergeneracional como el de reparto. Otro 1,5 millón fue traspasado por cuestiones de edad o de regímenes especiales, como docentes, investigadores, diplomáticos y judiciales. Más otro medio millón de trabajadores del monotributo fueron derivados al Estado. Pero como sucede en muchas otras cuestiones y en forma particular con las relacionadas a aspectos económico-financieros, quienes tienen mayores ingresos, acceso a información o cuentan con asesores profesionales pueden evaluar con más herramientas. Ese comportamiento se vuelve a verificar en este proceso de elección, según se desprende de un informe de la Anses. El 88 por ciento de los aportantes de AFJP que optaron por el sistema de reparto son regulares. De ese universo, los de salarios altos son proporcionalmente más que los de ingresos menores al promedio. En cuanto al rango de edades que están ejerciendo la opción por reparto, el 61 por ciento son mayores de 40 años y el 39 por ciento, menores de 40. Esa dinámica de traspasos demuestra que los que dejan las Administradoras son principalmente los sectores más informados. Los afiliados inactivos, los desocupados y los que están en negro, que por esa condición deberían ser los más interesados en pasar al régimen público, por ahora no participaron masivamente del cambio.

Un interesante material de lectura que brinda elementos de análisis para ayudar a la hora de optar se encuentra en un libro publicado en 2003 por Martín Lousteau, cuando ni en sueños imaginaba que cuatro años más tarde sería ministro de Economía. No se trata de Sin atajos, el más difundido en las últimas semanas, sino una obra más técnica: Hacia un federalismo solidario. La coparticipación y el sistema previsional: una propuesta desde la economía y la política. En el capítulo que se ocupa del tema jubilatorio, Lousteau explica que la reforma de 1994, la que creó la capitalización individual a través de AFJP, tenía como uno de sus objetivos acotar la incertidumbre respecto al déficit previsional futuro del sistema nacional. También la de generar un mercado de capitales y el blanqueo de los trabajadores por su propia fiscalización, tarea que estaría motivada por la conformación de cuentas individuales. La evaluación de Lousteau sobre esas pretensiones es contundente: “Los problemas no solamente no fueron solucionados sino que se han visto agravados” con las AFJP.

El costo de la privatización de la jubilación, que se denomina el “costo de transición”, es una de las más pesadas mochilas que dejó la década del noventa por la inmensa deuda generada por la pérdida de los aportes al Estado, así como también por la reducción de contribuciones patronales. Lousteau precisó que teniendo en cuenta que la deuda del sector público nacional se incrementó en 66.500 millones de dólares entre diciembre de 1994 y de 2001, “el costo de transición explica por sí sólo 41.300 millones de dólares de ese aumento (el 62 por ciento)”. Agrega que “este monto es consecuencia de 31.800 millones de dólares que se emitieron en títulos públicos para compensar los fondos no ingresados, a los que hay que sumarle 9500 millones de dólares por el costo del endeudamiento por este concepto, con una tasa de interés promedio de 9,6 por ciento anual”. En ese libro, Lousteau presenta una propuesta de reforma previsional que, ante los cambios ya aprobados, ha quedado en un segundo plano, pero igualmente mantiene vigencia algunos de los conceptos que la motivaron. El ministro de Economía del flamante gobierno de Cristina Fernández de Kirchner señala que “resulta llamativo el hecho de que algunos países de América latina con ingresos medios o bajos y con crecientes problemas de desigualdad hayan sido los únicos que han optado en los últimos diez años por efectuar reformas drásticas hacia la incorporación de esquemas de capitalización, mientras que ningún país desarrollado los haya adoptado como principal pilar de su sistema”. Para concluir que “en países con el nivel de desarrollo y riqueza como la Argentina con su actual estructura de empleo y distribución de ingresos, es imprescindible por un lado universalizar la cobertura y por otro adoptar una visión de la previsión basada fundamentalmente en la contingencia (reparto) y no en el ahorro personal (AFJP)”.

Las dudas por ser un tema complejo, los temores porque se trata de la propia jubilación, la desconfianza por haber sido castigado en materia financiera tantas veces en los últimos años y la sospecha porque los haberes de los pasivos fueron maltratados durante un largo período obliga al Estado a emprender una campaña de esclarecimiento en las últimas semanas hasta el vencimiento de la opción. Los bancos, o sea las AFJP, ya tuvieron casi 14 años para su festival financiero con el dinero previsional de los trabajadores. En pocos días más se definirá cuál será la dimensión del festín que les quedará para los próximos años.

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