El próximo viernes se cumple un año de la creación del programa de subsidios destinado a los operadores que venden en el mercado interno derivados de trigo, maíz, girasol y soja. La medida se tomó para minimizar el impacto generado por la suba del precio internacional de los alimentos. Esta escalada representa una oportunidad extraordinaria para la cadena agroindustrial y es el principal soporte del superávit comercial, pero al mismo tiempo alienta una inflación que pone en riesgo la estabilidad económica y social. La reacción oficial contempló inicialmente límites a las exportaciones, fijación de retenciones y acuerdos de precios, pero luego se avanzó con este mecanismo para intentar garantizar, sin mayores restricciones, el normal funcionamiento de los mercados locales mientras las cotizaciones internacionales siguieran batiendo records. Hasta el momento, se otorgaron 832 millones de pesos. El 50 por ciento se lo quedaron diez firmas que concentran la venta de alimentos. El impacto sobre los distintos productos resultó dispar, pero en todos los casos el aumento fue menor al que se hubiera registrado de no existir el subsidio.

Para financiar los subsidios se decidió entonces elevar cuatro puntos las retenciones a las exportaciones de soja y sus derivados, lo que garantizaría 400 millones de dólares extra. El Gobierno aseguró en aquella ocasión que la suba de las retenciones no afectaría la rentabilidad de los productores, pues se tomaba en un contexto de fuerte crecimiento de la producción y de los ingresos del sector. El cálculo oficial estimaba que las exportaciones agroalimentarias (granos, aceites y subproductos) superarían los 16.000 millones de dólares en 2007, lo que les posibilitaría a los chacareros obtener 4000 millones de dólares más que el año anterior. Por lo tanto, la suba de las retenciones les quitarían apenas un 10 por ciento de esos mayores ingresos. Los productores se quejaron, pero las cotizaciones extraordinarias de los principales commodities hicieron que la proyección del Ministerio de Economía se terminara quedando corta. La semana pasada se informó que en 2007 las exportaciones de granos y derivados aportaron 17.567 millones de dólares, 5291 millones más que en 2006, debido fundamentalmente a la creciente demanda de alimentos por parte de China e India.

Con una pequeña parte de esos recursos adicionales se puso en marcha el programa de subsidios que marcó la tímida vuelta del Estado a un escenario del que había sido desterrado abruptamente luego del cierre de las juntas nacionales de granos y carnes, alentada por los defensores de las recetas neoclásicas. Hasta ahora, el resultado de la intervención estatal es ambiguo.

Lo positivo es que, pese a los pronósticos agoreros de los sectores liberales, la Secretaría de Agricultura otorgó 832 millones de pesos con relativa rapidez y sin que se conocieran denuncias de corrupción. Las mayores trabas surgieron del lado empresario, pues para cobrar en la ventanilla estatal hay que estar en regla con la AFIP y vender “en blanco”, algo que no es habitual en algunos rubros de la agroindustria. De hecho, los productores trigueros y los molinos estuvieron haciendo un intenso lobby a comienzos de año para que la compensación la cobre el otro eslabón de la cadena y no ellos. La Secretaría de Comercio Interior también demoró la autorización de algunos pagos, pero la medida resulta lógica si se toma en cuenta que antes de pagar se debe monitorear la evolución de los precios.

Lo negativo es la concentración de los pagos en muy pocos operadores. La Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) informó la semana pasada en su página web que hasta el 3 de enero se habían librado 33.055 ordenes de pago a tamberos, productores y molinos de trigo, engordadores de ganado, faenadores avícolas y fabricantes de aceites. Un relevamiento realizado por Cash permitió determinar que apenas diez empresas percibieron el 47,4 por ciento de los subsidios. Este dato no es difundido por la Oncca en ninguno de los informes que distribuye habitualmente para no dejar en evidencia esa concentración.

En el top ten no figuran productores rurales sino las principales industrias de alimentos. El podio lo integran Molino Cañuelas, Molinos Río de la Plata y Mastellone Hermanos (La Serenísima). Molino Cañuelas, por ejemplo, recibió 86,4 millones de pesos para mantener estable el precio de la harina y los aceites, mientras que las 4085 órdenes de pago destinadas a los productores trigueros sumaron apenas 59,2 millones en conjunto. En el caso de la leche la situación es similar. Mastellone y SanCor cobraron 103 millones de pesos en conjunto desde que comenzaron a otorgarse los subsidios y las 27.489 órdenes de pago destinadas a los tamberos sólo sumaron 77,9 millones. Esa distribución desigual refleja la concentración de los mercados y el alto porcentaje de empresarios informales que operan en los eslabones más débiles de la cadena, pero no deja de ser un indicador significativo el acotado número de empresas que se benefician con el aporte estatal.

Las compensaciones impactaron sobre la evolución de los precios, pero no evitaron la suba. Un informe de la asociación de consumidores Deuco, al que accedió en exclusiva Cash, demuestra que aun tomando como referencia los conservadores números del Indec, los aumentos oscilaron entre 7 y 20 por ciento. El kilo de pollo aumentó 7 por ciento entre enero y noviembre del año pasado (de 4,44 a 4,76 pesos), aunque la marca Cresta Roja elaborada por Rasic, uno de los mayores beneficiarios de los subsidios, se vende en los supermercados por encima de los 9 pesos. El aceite mezcla aumentó 10 por ciento (de 5,05 a 5,52 pesos). Los lácteos treparon en promedio un 16,5 por ciento, con un piso de 6 por ciento en la leche y picos de 30 por ciento en los quesos, mientras que el aceite de maíz subió 20 por ciento (de 5,10 a 6,12 pesos).

Mariano Lamothe, economista de la consultora Abeceb.com, señaló a este suplemento que “esa suba era esperable porque el Gobierno puso la compensación tomando como referencia un precio internacional, pero luego los valores fueron mucho más allá y no todas las compensaciones se actualizaron”. De hecho, el año pasado el trigo subió 82,6 por ciento en el mercado internacional, la soja 73 por ciento y el maíz 16 por ciento. Esta evolución llevó a que se aplique una nueva suba de las retenciones a la exportación en noviembre, pero las compensaciones que se otorgan por tonelada o litro producido no variaron.

El esquema de subsidios ha sido cuestionado por derecha y por izquierda. Algunos analistas reclaman que se reduzca la intervención estatal y otros sostienen la necesidad de profundizarla para proteger mejor a los ciudadanos (ver aparte). Más allá de fortalezas y debilidades, lo cierto es que el sistema actual demostró que el Estado está en condiciones de intervenir, lo cual no es un dato menor luego del desmantelamiento llevado adelante durante la década del ’90.

top ten

Las 10 empresas que recibieron más compensaciones, acumulado al 3 de enero de 2008

* 39.467.381 pesos para la elaboración de harina de trigo y 46.960.414 pesos
para la elaboración de aceites.
** 67.615.451 pesos para la elaboración de aceites y 1.219.293 pesos
para la elaboración de harina de trigo
Fuente: Elaboración propia con datos Oncca