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Por Ruben Milito

El servicio de dragado del río Paraná en el tramo que va desde el Puerto de la ciudad de Santa Fe hasta las aguas profundas del Río de la Plata es objeto de denuncias y disputas. La empresa concesionaria del servicio es Hidrovía SA; ésta está conformada por la unión de dos grupos empresarios cuyos nombres son Emepa SA y Jan de Nul. Emepa es de capitales argentinos, su titular es el señor Gabriel Romero, oriundo de Chascomús, coterráneo e íntimo amigo de Raúl Alfonsín. El contrato que liga a esta empresa tiene vigencia desde el año 1995 e indica que el concesionario se comprometía durante diez años a mantener un dragado de 22 pies en el tramo del río Paraná que va desde el puerto de Santa Fe hasta Puerto General San Martín y desde allí hacia el océano Atlántico debía alcanzar 32. La empresa recibió como pago por su servicio el derecho de cobro de peaje a todas las embarcaciones que circulen por el río con una tarifa de 0,97 dólares y a su vez el Estado se comprometió a otorgarle 40 millones de dólares anuales a modo de subsidio. Pero ahora, la AFIP dice que Jan de nul debe pagar el IVA por esos 40 millones de dólares y a la vez el Estado no cumplió con el subsidio correspondiente a 2001 y 2002. En el medio, concesionaria y Estado están enfrascados en una hermética renegociación del contrato que la empresa quiere prolongar. Resulta que, por ley, ninguna empresa deudora del Estado puede renegociar contratos con el Gobierno.
Hasta ahora la empresa viene cumpliendo una buena labor en la prestación del servicio permitiendo un abaratamiento importante en el costo del flete de la producción agropecuaria de esta región. Pero también están apareciendo distintas denuncias de irregularidades. La situación tributaria es una de ellas. El dictamen número 55 de la Procuración del Tesoro de la Nación dirigido al secretario de Hacienda de la Nación concluye que: “Los pagos efectuados por el Estado Nacional a Hidrovía SA en el marco de la concesión de obra pública de la que es titular resultan alcanzados por el IVA y consecuentemente contienen el monto que corresponde al gravamen mencionado”.
Este dictamen firmado por el procurador del Tesoro de la Nación, Rubén Miguel Citara, es del 25 de marzo de este año y dice que la empresa debe pagar IVA por los 40 millones de dólares que la empresa concesionaria recibe en materia de subsidio, a partir de esta situación la empresa se transforma en deudora en varias decenas de millones si se toman las multas e intereses correspondientes.
Pero la situación se complica aún más si se tiene en cuenta que el Estado en estos momentos se encuentra en una renegociación con la empresa, porque el fisco no ha pagado el subsidio correspondiente a 2001 y tampoco lo ha hecho en el transcurso de este año. La empresa está negociando en forma hermética con el Estado una nueva extensión del contrato, pero llama la atención que las negociaciones continúen teniendo en cuenta que el fisco sostiene que Hidrovía es deudora del Estado, situación que no está permitida por la ley. Ninguna empresa puede renegociar un contrato con el Estado si no se encuentra libre de deudas tributarias.