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Nuevamente, como durante la presidencia rusa del G-20, el Cefid-AR fue invitado a participar en la reunión del Think 20 (T20) del 10 y 11 de febrero en Turquía. La convocatoria del ámbito de “pensamiento, centros de estudio e investigadores” para enriquecer las ideas y debates del G-20 fue constituida sobre la base de una agenda similar a la planteada por la presidencia del G-20.

Las prioridades elaboradas por el gobierno turco del G-20 para 2015 se centran en el aún lento crecimiento de la economía global tras la recesión de 2008-2009, e introducen la agenda de las tres “I”: Inclusión, Implementación e Inversión para el crecimiento.

La inclusión se refiere a la integración de las pequeñas y medianas empresas al crecimiento, el fortalecimiento de la equidad de género en el empleo y la confrontación del problema del desempleo juvenil, suponiendo que a nivel internacional la inclusión implicaría una mayor participación de las voces de los países en desarrollo en el G-20.

La inversión, por su parte, se postula como uno de los motores del crecimiento, y se piensa desde la reducción de la “brecha de infraestructura” existente entre los países miembros del G-20. Así pensadas, las tres I parecerían ser conceptos inobjetables, sobre los cuales todos deberíamos acordar.

Sin embargo, el problema no está en los objetivos perseguidos sino en las políticas a seguir, y sobre ello cabe responsabilizar a los países hegemónicos del G-20 –y a sus aliados promotores del neoliberalismo–, que son los impulsores para que continúen predominando los manuales de la ortodoxia, que fracasan en rendir los prometidos frutos de crecimiento y empleos.

Por estos motivos, decidimos acudir a la reunión del T20 en Turquía, de la misma manera que lo hiciéramos en diciembre 2012 en Rusia, con un documento propio, ya que, como sostuvimos en la nota de Página/12 del 18 de diciembre 2012, entendemos que se trata de vigorizar la presencia de una visión alternativa que debata y refute el pensamiento hegemónico.

Un punto clave del documento que llevamos a Turquía fue el de la necesidad de modificar el paradigma vigente sobre los procesos de reestructuración de la deuda soberana, reemplazándolo por otro que apunte a evitar el destructivo rol sobre los mismos que hoy juegan los fondos buitre y ponga fin a arbitrariedades frecuentes en los procesos judiciales que perjudican a los países periféricos, como en los flagrantes casos de Perú y Argentina.

Tomando en cuenta que el comunicado de la Reunión del G-20 de Brisbane, de noviembre 2014 daba la bienvenida a los progresos en materia de “ordenamiento y predictibilidad” de los procesos de reestructuración de deuda soberana, propusimos en el debate que resulta indispensable que el G-20 coopere y respalde plenamente la resolución adoptada en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, el 9 de septiembre de 2014, titulada “Hacia el establecimiento de un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana”, que fuera impulsada por el G-77+China, y la resolución aprobada en ese mismo ámbito por el Consejo de Derechos Humanos el 3 de octubre de 2014, en la cual se “condena las actividades de los fondos buitre por los efectos negativos directos que el reembolso de la deuda a esos fondos, en condiciones predatorias, tienen sobre la capacidad de los gobiernos de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo”.

Ese respaldo es ineludible, porque es competencia del G-20, en el marco de los objetivos que impulsaron su creación, durante la crisis financiera internacional, el trabajar en modificaciones de la regulación financiera y la arquitectura financiera internacional para evitar futuras crisis globales. Por eso resulta indispensable una acción enérgica para contrarrestar la gran resistencia que oponen muchos actores de un sistema financiero que responden a un equivocado paradigma de financiarización y autorregulación.

La cuestión de las “guaridas fiscales” y/o jurisdicciones donde prevalece el secreto financiero debe reintroducirse en la discusión. Si bien el G-20 intenta resolver parte de los problemas provocados por estas jurisdicciones a través del Plan de Acción sobre la erosión de la base imponible y el desvío de ganancias (conocido como BEPS a nivel internacional) llevado adelante por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), y el diseño de los Estándares de Presentación de Información Común para el intercambio automático de información fiscal (“AEOI”) –que constituyen pasos en una dirección correcta–, resulta negativo que dichos estándares aún habiliten la erosión mediante el uso fideicomisos, holdings, fundaciones.

Sostenemos que el G-20 debería apoyar el empoderamiento (y adecuado financiamiento) del Comité Impositivo de Naciones Unidas. Es evidente que el G-20 intenta constituirse como representante de los intereses globales, cuando en realidad lo es sólo de los intereses de los países más ricos y algunos de ingresos medios. Así, en dicho marco, no es posible abordar en condiciones adecuadas las cuestiones que afectan principalmente a los países en desarrollo, en relación con los temas subyacentes al problema de la erosión de la base imponible y el desvío de ganancias (y la distribución de la riqueza global), como el injusto criterio de residencia por sobre el de la fuente presente en todos los modelos de convenio en relación con impuestos.

Otro debate clave es el de las calificadoras de riesgo, dado que las reformas en la arquitectura financiera internacional, en el marco de Basilea III, no terminan de brindar soluciones alternativas para ponderar los riesgos crediticios con otros instrumentos que permitan sustituir el peso de la estructura oligopólica de esas agencias por un mecanismo alternativo. Ese reemplazo, como la adopción de un régimen centrado en regulaciones macroprudenciales y la explicitación taxativa de operaciones admitidas y prohibidas para la banca internacional, constituyen pilares para el cambio de paradigma que se requiere en la arquitectura financiera internacional.

Otra discusión que se impone es la de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Los TBI han demostrado tener implicancias muy negativas en materia de soberanía y margen de política. Sin embargo, los líderes del “mainstream” plantean hoy propuestas multilaterales que corren el riesgo de resultar en los mismos problemas, y en un aún mayor poderío de los países del Norte, sin encarar una verdadera sustitución del paradigma de los TBI por otro que permita el de-sempeño de las inversiones extranjeras de manera compatible con la plena utilización de los instrumentos de política económica, por parte de los gobiernos nacionales, en el pleno uso de su soberanía.

En lo que respecta al débil crecimiento del Producto a nivel mundial, los documentos del G-20 siguen sin advertir que el ajuste fiscal se constituye en un problema, en vez de una solución, debido a su impacto negativo en la demanda agregada y en la base imponible. En particular, las políticas llamadas de “consolidación fiscal” implican grandes recortes en la inversión pública. Resulta necesario llamar la atención sobre la propuesta de impulso a la inversión privada en infraestructura, a través de lo que se ha dado a conocer como la asociación pública y privada (“PPP”), la cual consiste, en teoría, en transferir riesgos y obligaciones financieras al sector privado, sin embargo en la práctica ha llevado en muchas ocasiones a la socialización de los riesgos provocando un resultado inverso al proclamado. En nuestro enfoque, resulta necesario recuperar el rol de los bancos de desarrollo nacionales y regionales y el liderazgo de la inversión pública para el despliegue de la infraestructura.

En documentos del G-20 y de los pensadores de matriz neoliberal de los países centrales, la solución se encuentra en el mercado, y en el rol preponderante de los grupos multinacionales para constituirse en articuladores “inclusivos” de la infraestructura y la producción global a través de las llamadas “cadenas globales de valor” (CGV). Esta mirada supone que las PyMEs y los países en desarrollo deberían integrarse en dichas CGV en el eslabón que pudieran, tratando desde ese lugar de ganar mayor preponderancia y peso en la creación del valor agregado global.

Este análisis, por demás ingenuo, se contrarresta con una realidad que prueba que el éxito de esta estrategia depende del lugar que ocupa cada eslabón dentro de la CGV. Ello, junto con el peso dado a los derechos de propiedad intelectual –y la posibilidad de registrar tales derechos de propiedad en jurisdicciones que propician el secreto financiero– conduce a que las PyMEs y los países en desarrollo, en ausencia de una adecuada regulación internacional y de la posibilidad de implementación de medidas de protección al desarrollo industrial en los ámbitos locales, terminen por ser asignados a desempeñarse en los eslabones que proporcionan el lugar más rezagado de los supuestos beneficios globales, y de menor significación en términos de densidad tecnológica. El resultado lleva a la ampliación de brechas y relaciones de dependencia.

En la reunión de Estambul del T20, pese a una fuerte presencia de ideas neoliberales, hubo una diversidad e inclusión –en cuanto a participantes– de países y enfoques que en otras anteriores. La presencia de un número de voces de países periféricos hizo cierto contrapeso a la hegemonía de los centrales que dominan, con ese paradigma, estos ámbitos. Una evidencia, tal vez, de un escenario mundial donde la multipolaridad sigue avanzando sobre la unipolaridad predominante en el final del siglo pasado.

* Economista y director del CefidAR.

** Economista e investigadora del CefidAR.