Los Estados nacionales fueron actores centrales en la organización económica mundial durante buena parte del siglo XX. El ascenso del neoliberalismo provocó un debilitamiento de la escala nacional. La contracara de ese proceso fue el fortalecimiento de organismos supranacionales que promovían el credo neoliberal. Entre ellos, los dos organismos multilaterales de crédito surgidos del Acuerdo de Bretton Woods: Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM –denominado en sus inicios Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento–). Sus funciones originales eran financiar los desequilibrios transitorios de balanza de pagos y las obras de infraestructura, respectivamente.

El propósito declarado de fungir como herramientas al servicio del desarrollo económico fue dejado de lado con el paso del tiempo. El FMI y el BM se convirtieron en guardianes ideológicos de la ortodoxia económica. Por ejemplo, los controles a los flujos de capitales –admitidos en los inicios– se convirtieron en prácticas heréticas. El FMI se transformó en consultor y auditor de las políticas económicas de los países endeudados. La concesión de préstamos pasó a estar supeditada al cumplimiento de determinadas condicionalidades. En ese sentido, Joseph Stiglitz sostuvo que, “en teoría, el FMI sostiene las instituciones democráticas en los países que asiste. En la práctica, impone políticas que minan el proceso democrático”.

La situación no es muy distinta con el BM, a pesar de sus esfuerzos para presentarse como el “hermano bueno” del Fondo. La promoción del desarrollo económico desapareció como objetivo central de sus programas crediticios, a contramano de lo que acontecía hasta la década del sesenta. Los préstamos comenzaron a atarse al cumplimiento de determinadas “reformas estructurales” (privatizaciones, liberalización, desregulación). Por ejemplo, el BM impulsó las privatizaciones en Argentina financiando los programas de retiro voluntario de los trabajadores estatales. Los empleados de las empresas públicas prestadoras de servicios se redujeron de alrededor de 230.000 personas (a finales de los ochenta) a 76 mil trabajadores (a fines de los noventa).

La agenda del BM se imbricó de tal manera con la del FMI que los países debían obtener el visto bueno del Fondo para acceder a líneas de crédito del BM.

La implementación del recetario neoliberal desembocó en un agudo deterioro del cuadro económico-social. A principios del 2000, el organismo publicó un trabajo titulado Voces de la pobreza. El estudio, que abarcó 60 países, concluía que “el 56 por ciento de la población mundial vive en la pobreza: 1200 millones de personas viven con menos de un dólar por día y 2800 millones con apenas dos dólares”. Los porcentajes de pobres se incrementaban cada año en todos los países, con excepción de China.

El evidente fracaso de las políticas de ajuste impulsó, a finales de los noventa, un moderado viraje teórico del BM. El informe de 1997 plasmó la intención de imponer un nuevo paradigma: la importancia de contar con un Estado “efectivo”. El trabajo titulado El papel del Estado en un mundo en transformación sostenía que “sin un Estado efectivo el desarrollo sustentable, tanto económico como social, es imposible”.

El “Estado efectivo” pasó a ser aquel que orienta y promueve un adecuado funcionamiento de los mercados, a través del cumplimiento de determinadas condiciones (marco legal estable y previsible, estabilidad macroeconómica, inversión en servicios sociales e infraestructura, protección de los sectores más vulnerables).

El profesor honorario de la Universidad de Lanús Carlos Vilas sostiene en el artículo “Ajuste estructural como reforma de Estado: una vez más sobre el Banco Mundial en América Latina”, publicado en la revista Realidad Económica Nº 287, que “el informe de 1997 fue difundido con amplio despliegue publicitario y puede ser considerado, sin exageración, como el vademécum del post Consenso de Washington..., sin abjurar de la desconfianza de principio hacia el Estado, el ‘post Consenso’ admitía que, en ciertas condiciones, podía ser un eficaz complemento del mercado e incluso un estratégico sostén del mismo”.

La revalorización del rol estatal se produjo en el marco del enfoque “neoinstitucionalista”. La idea básica es que las características y calidad de las instituciones constituyen un factor muy relevante para el correcto funcionamiento de los mercados. Esas condiciones no se generan de manera espontánea, sino que responden a factores culturales, institucionales y trayectorias previas. Según ese enfoque, la eficiente construcción institucional es condición necesaria para el desarrollo de la economía de mercado. Las relaciones de poder reflejadas en las instituciones realmente existentes son dejadas de lado por los cultores de esta mirada.

“El neoinstitucionalismo muestra tanto como oculta. Al destacar la gravitación de los marcos institucionales formales e informales que acotan la libertad en la toma de decisiones... omite una indagación del modo en que las sociedades producen sus instituciones, es decir, descarta la visión de las instituciones como condensación de relaciones de poder entre actores, uno de cuyos más evidentes efectos es la desigualdad de los grados de libertad de diferentes actores dentro de un mismo enmarcamiento institucional”, concluye Vilas.

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