En períodos electorales suele debatirse el pasado reciente, la situación actual y sobre todo el futuro, la promesa de nuevos horizontes que se plantean, para que cada uno elija. En este particular y crucial momento se debate sobre la continuidad de lo hecho, como base y sostén, como piso que se consolida, para avanzar por lo que falta. Para otros se trata de modificar estilos solamente, y acaso retroceder sin que se note. Para algunos modificar estilos y avanzar sin que esté muy claro cuál es el norte, el rumbo. Para los que apoyamos el proyecto nacional es trabajar y profundizar sobre los avances logrados, que son muchos y sustanciales. Esto es precisamente válido para una actualización de la política energética. Mucho se ha avanzado en esta cuestión: ingentes inversiones en gasoductos para sostener el suministro de gas a los hogares, para asegurar la provisión de electricidad a través de una amplia red de transporte, para la generación necesaria que ha requerido el crecimiento de la demanda, a través de centrales nucleares, hidroeléctricas y térmicas.

También con la recuperación de YPF para los argentinos, que ha significado el inicio del crecimiento en la producción de gas y petróleo, que venía en decadencia. Declinación que impuso acciones excepcionales, como la importación de gas y combustibles líquidos, asegurando así el suministro a los hogares y a la industria en un período que ha visto un incremento inusual de la economía. Pero con implicancias económicas importantes, no deseadas. Se ha hecho todo eso y mucho más. Es una base importante, un piso invalorable para una nueva etapa que será muy exigente en el terreno de la energía. Etapa que reclamará algunas medidas a la futura conducción, en aras de consolidar lo actuado y profundizarlo para lograr la meta del autoabastecimiento energético y el suministro de gas y electricidad a toda la población en precio y calidad adecuados, como un derecho a la energía consolidado.

Quienes pertenecemos al Instituto de Energía Scalabrini Ortiz pensamos en la conveniencia de centralizar la conducción del sector energético. Los avances señalados anteriormente pueden ser optimizados de manera significativa si se establecen políticas nacionales que reúnan las voluntades y acciones de todos los sectores involucrados: reparticiones y empresas nacionales, provincias, trabajadores, empresas privadas nacionales y extranjeras, universidades, organizaciones de la comunidad, cooperativas, usuarios, etc.

Esa unidad de concepción para fijar políticas, planificar el desarrollo energético y ejecutar las acciones consiguientes requiere esa conducción unificada de la energía –eslabón decisivo de la economía nacional– que actualmente está diseminada en ministerios, reparticiones y hasta empresas del sector. La conducción de la política energética nacional necesita un Ministerio de Energía, no solamente por la jerarquización que supone una medida de este carácter, sino principalmente para dotar a esta actividad del instrumento nacional que integre y coordine las políticas en una cuestión estratégica para el desarrollo independiente de nuestro país.

Conspira contra este requerimiento la idea de suponer que cada empresa, cada provincia, cada subsector, puede tener sus propias pautas, sus propios intereses, o financiamientos, o prioridades. La cuestión energética actual es lo suficientemente compleja para pretender soluciones parcializadas, aisladas, y en definitiva desordenadas. Nuestro sistema constitucional es una guía sabia en este aspecto. Garantiza la autonomía provincial en la formulación de acciones adaptadas a sus realidades territoriales, pero bajo la conducción nacional en la fijación de las políticas y en los ordenamientos legales básicos.

Este avance en el manejo de la energía es una condición esencial para obtener resultados en el tiempo y otorgar eficacia a los recursos escasos. De lo contrario, en lugar de avanzar en los enormes desafíos que plantea la problemática energética, habremos retrocedido respecto de los esfuerzos realizados por el gobierno nacional desde 2012 en este aspecto, cuando advirtió hacia dónde conducía una cierta anarquía en las acciones dispersas para lograr el autoabastecimiento.

Es en ese mismo camino que proponemos la constitución de una Agencia Nacional de Hidrocarburos, en el ámbito de ese ministerio, como herramienta o instrumento de la aplicación de políticas en este vital sector de la energía. En un contexto de matriz energética altamente dependiente de los hidrocarburos, su desarrollo precisa de una administración del área altamente tecnificada y profesional que permita la información y los cuadros estatales de control, planeamiento y ejecución que demandan las políticas nacionales.

* Integrante del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz.

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