“No es una urgencia” afirmó el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, al ser consultado por un eventual retorno al Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero acto seguido, aclaró que desde el gobierno “no tenemos ningún problema en ese sentido”. En Davos anunció que volverá a aceptar la auditorías del FMI a través del Artículo IV del estatuto del organismo internacional. Lo cierto es que sus palabras no parecen ser más que el preanuncio de lo que, tarde o temprano, llegará. Y es que para ver el alineamiento ideológico de Prat-Gay con el Fondo, basta recordar sus declaraciones de 2008, cuando afirmó que el FMI “aceptaría gustoso” la necesaria “reprogramación voluntaria de los vencimientos de la deuda”, o cuando en 2009 solicitó un “financiamiento inteligente” por parte de este organismo.

Pero no sólo de ideas se trata, sino también de hechos. El último informe del FMI para la región, “Perspectivas Económicas Las Américas. Ajustando bajo presión”, demandaba para Argentina “una combinación similar de políticas macroeconómicas más restrictivas, un tipo de cambio más débil y un menor nivel de distorsiones microeconómicas”, afirmando que “los controles cambiarios distorsionaron los precios relativos, generaron un mercado paralelo de divisas y erosionaron la competitividad”, y agregando la necesidad de una “eliminación de subsidios distorsivos y la reducción de la inflación”, junto a un “ajuste fiscal” y “una orientación monetaria más restrictiva”.

Como se observó en estas vertiginosas semanas de cambio, la política económica no hizo más que seguir con estas tradicionales recetas del FMI.

Una década atrás, el entonces presidente Néstor Kirchner celebraba en un atiborrado Salón Blanco de la Casa Rosada el haber cancelado la deuda de 9530 millones de dólares con el FMI. Para la ortodoxia económica, hoy en el gobierno, el pago completo había sido un mal negocio, pues la tasa de interés de los préstamos del FMI eran sensiblemente menores a los del mercado. No mencionaban, sin embargo, lo que el propio Kirchner afirmó aquella tarde, es decir que el pago serviría para “ganar grados de libertad para la decisión nacional”, y le permitirá a nuestro país dejar de estar atado a “los reclamos y exigencias del Fondo”.

De hecho, que las recetas impuestas por el FMI para la economía argentina tuvieron un resultado nocivo, no surge de la opinión sino de la evidencia. Sucede que la baja efectividad de los programas de estabilización del FMI para equilibrar la economía nacional, llevaba a que al poco tiempo el país volviera a demandar más préstamos, que se incrementaban en la misma medida que descendían los índices socioeconómicos argentinos.

Historia de fracasos

El FMI comenzó a funcionar en 1946, como parte de los acuerdos de Bretton Woods, es decir las nuevas regulaciones económicas impuestas por Estados Unidos a través de Naciones Unidas tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, pero su inicial coincidencia con la Argentina peronista, llevó a que nuestro país se mantuviera al margen de su influencia. Sin embargo, tras el golpe de Estado de la “Revolución Libertadora” en 1955, Argentina se incorporó a ese organismo y al Banco Mundial, iniciando un período de dependencia con el sistema financiero internacional que se extendería casi ininterrumpidamente por cincuenta años. Así, la solicitud de la primera operación fue en 1957, durante la dictadura de Pedro Aramburu, que vino asociado a las tradicionales cartas de intención o memorandos, una especie de “hoja de ruta” para la política económica, destinada fundamentalmente a resguardar los intereses de los acreedores externos, y que en caso de ser incumplidas, interrumpirían los posteriores tramos del préstamo.

En 1958 el gobierno de Arturo Frondizi volvió a requerir un nuevo crédito, para lo cual debió elevar un compromiso que detallaba que las divisas que llegarían al país se utilizarían para introducir un sistema libre de cambios, y que se reportaría de forma periódica sobre la marcha de la economía en el plano cambiario, crediticio, y fiscal. Se detallaba, además, que el plan de estabilización incluiría la reducción del 15 por ciento de los empleados públicos, el congelamiento salarial luego de paritarias (incluso frente a un alza mayor a la estimada en el costo de vida), la demora de proyectos de inversión pública, el aumento de las tarifas de servicios públicos y de combustibles, la eliminación de ramales ferroviarios, la elevación de impuestos internos, la limitación del crédito bancario y el aumento en el nivel de reservas. Asimismo, se suprimirían controles de precios máximos (salvo para algunos productos de primera necesidad, que de todas formas no podrían ser subsidiados) y se restringirían las importaciones.

Como era de prever, la implementación de algunas de estas políticas derivó en una nueva crisis económica, que produjo que en 1959 se realizara un tercer acuerdo, y en 1960 un cuarto, cuya novedad fue que incluyó además préstamos de bancos privados de Estados Unidos y Europa. De acuerdo a un informe del Instituto de Investigaciones Económicas y Financieras de la Confederación General Económica, “la necesidad de recurrir de forma permanente al FMI tenía como una de sus razones al propio organismo, pues la cancelación de las crecientes deudas era una de las principales razones para los deficits fiscales y de la Cuenta Capital de la Balanza de Pagos, relacionada fundamentalmente con las amortizaciones de deuda”. Por eso, tan solo seis meses después del crédito de 1960, se solicitó otro debido a las dificultades en el mercado cambiario y en los resultados fiscales.

Si en gran parte de la década del sesenta la subordinación no se amplió, fue gracias a la gestión económico de Arturo Illia, en la que se rechazaron las concepciones del Fondo para llevar adelante políticas expansivas en los ámbitos monetario, fiscal y salarial, cancelando los vencimientos sin refinanciación y utilizando créditos del Club de París, que no implicaban condicionamientos.

Pero nuevamente, un gobierno dictatorial, el de Juan Carlos Onganía, reestablecería las relaciones, con lo que en 1967 llegaría el séptimo crédito, al cual se vincularon otros del gobierno estadounidense y de bancos privados. Para lograr ese préstamo, el gobierno firmó un informe en el que deslindaba totalmente al sector privado monopólico por la alta inflación y convertía en único responsable al sector público, con lo que proponía, en línea con el FMI, la necesidad de privatizar empresas publicas, así como reducir el déficit fiscal, subir las tasas de interés y ampliar las actividades petroleras. Pero el eje de la nueva política de estabilización se vinculaba a la reducción salarial, con sueldos congelados tras paritarias, las cuales quedaron suspendidas al tiempo que se liberaron los precios. La recesión y caída en la recaudación fiscal, llevaron a que en 1968 se volviera a recurrir a este organismo, aunque los sucesos desencadenados por el “Cordobazo” de 1969 llevaron a una revisión de la dependencia del FMI sostenida hasta entonces.

El peronismo, en 1973, congeló el vínculo, por lo que solo se cancelaron vencimientos, hasta el deceso de Perón. Con Isabel Martínez de Perón como presidente se firmaron tres acuerdos, cuyo compromiso era la implementación del plan conocido como “Rodrigazo”, por el ministro de Economía Celestino Rodrigo que dispuso una muy fuerte devaluación de la moneda nacional, la liberación de las tasas de interés y de precios (con excepción de treinta productos básicos) y el aumento de las tarifas energéticas y del transporte, junto a un ajuste fiscal, una reforma tributaria regresiva, y el compromiso de privatizar algunas empresas estatales y dar tratamiento igualitario para las extranjeras.

La última parte de esta relación es la historia más conocida. Tanto el gobierno de la dictadura cívico militar (1976-1983) como el de Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001) alinearon sus políticas económicas a las directivas del FMI. Los acuerdos más relevantes de este período tuvieron que ver con el compromiso por parte de las autoridades económicas de facto de realizar privatizaciones parciales en algunas empresas públicas, poner al Banco Central bajo dependencia de las entidades financieras, y liberalizar las importaciones y el mercado de capitales, a cambio de la ejecución de los créditos acordados en 1975 y dos posteriores. Para 1989, en el marco del Plan Brady diseñado por el gobierno norteamericano, el gobierno de Carlos Menem llegó a un acuerdo con el FMI para reestructurar la deuda pública a cambio de mantener el tipo de cambio fijo (plan de convertibilidad), y lograr un superávit fiscal junto a la apertura y desregulación de la economía, así como diversas facilidades al capital financiero, privatizaciones, reformas impositivas y previsionales, reducción de empleados públicos, y el destino mínimo del 2 por ciento del PBI para el pago de la deuda. En tanto, para fines del año 2000 se acordó el denominado “blindaje”, a cambio del congelamiento del gasto público, la reducción del déficit fiscal, y la elevación a 65 años en la edad jubilatoria de las mujeres, todo lo cual sería monitoreado por el FMI.

El contraste con la década kirchnerista fue total. No solo se efectuó el pago total de la deuda para desprenderse de sus imposiciones, sino que se lo dejó de autorizar para revisar las cuentas públicas, tal como lo contempla el artículo IV de este organismo para sus países miembros, y se solicitó su exclusión como condición para el acuerdo que finalmente se arribó con el Club de París.

Una etapa que ahora luce como historia vieja. Y a la espera de la vieja historia.