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En función de los “desplazamientos de los precios”, interesante eufemismo del gobierno macrista para referirse a la inflación provocada por la devaluación y la eliminación de retenciones al agro es importante dejar en claro dos cuestiones, que contribuyan a la desnaturalización de los discursos que se intentan imponer.

La primera es que la inflación sucedida durante el período kirchnerista nunca fue el grave problema que los medios masivos de comunicación y las usinas de pensamiento neoliberal quisieron instalar (e instalaron). Más allá de ser un tema a atender y que fue objeto de políticas públicas concretas (por ejemplo, Precios Cuidados, retenciones a la exportación) no implicó pérdida del poder adquisitivo de la población sino todo lo contrario. Durante el período kirchnerista los salarios reales (salario nominal menos la inflación) crecieron. Repito, medido en poder de compra, las argentinas y los argentinos, hemos visto aumentar nuestro poder adquisitivo los últimos 12 años.

Este dato surge, no de las estadísticas del Indec, que no hace mucho tiempo era fuertemente cuestionado por la difusión del índice de precios al consumidor (IPC) y ahora que no difunde ninguna información sobre la evolución de los precios cuenta con el silencio cómplice de los medios hegemónicos, sino de las cifras de inflación más altas posibles provistas por instituciones que difícilmente puedan ser tildadas de afines al otrora oficialismo. Por un lado, el Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyo director era el economista Rogelio Frigerio (ministro del interior de la actual gestión de gobierno) y utiliza para el cálculo de inflación el IPC “Congreso” que surge del promedio de la inflación medida por las consultoras privadas. El segundo dato es el que publica el informe macroeconómico de la Facultad de Ciencias Económicas de Lomas de Zamora que utiliza el IPC Buenos Aires City, elaborado por Graciela Bevacqua, la ex funcionaria del organismo que fuera desplazada en el 2007 y ahora ha regresado al Indec.

En el primer caso, el aumento del salario real (poder adquisitivo) para el período 2003-2015 (hasta octubre) fue de 30 por ciento. Es decir, las argentinas y los argentinos ganaban, después de 12 años de kirchnerismo, 30 por ciento más que en el 2003. Dicho informe puede consultarse en http://srvdocs2.bancociudad.com.ar/.../Informe-semanal-332.pdf

En el segundo caso el aumento de los salarios reales de los empleados registrados fue del 21 por ciento y el de los no registrados del 14 por ciento, para el período 2002-2015 (la diferencia con la anterior medición se debe a que se incluye el año 2002 que contiene los efectos de la devaluación de fines del 2001).

La segunda es una cuestión un tanto teórica pero no menos importante pensando en los discursos económicos que serán hegemónicos en los tiempos que vienen. Los estudios mencionados y todos los que puedan consultarse coinciden que durante 2015 (sin tener en cuenta las modificaciones de noviembre y diciembre, bimestre que acumulará un inflación del 8 al 9 por ciento debido al anuncio y posterior devaluación de la moneda) se desaceleró la inflación y que llegaría a ser del 25 por ciento anual aproximadamente (en el 2014 habíamos tenido según el IPC 9 provincias, construido por la CTA una inflación de 36,8 por ciento).

El 2015 fue, como dicen desde las usinas anteriormente opositoras y ahora oficialistas, el año que hubo mayor emisión monetaria para financiar un mayor déficit fiscal. Conclusión: ni la emisión monetaria ni el déficit fiscal son las causas principales de la inflación como nos quieren (y querrán) hacernos creer. La inflación fue y es producto de la puja distributiva en la que, como no podía ser de otra manera, también interviene el Estado, tanto el que se fue como el que llegó. La pregunta es a favor de quién y en contra de quién intervendrá.

Explicar los beneficios que recibieron los sectores agroexportadores y financieros a raíz de las políticas públicas implementadas por el gobierno macrista (devaluación, quita de retenciones, desregulación financiera) sólo como aumento de sus ingresos o rentabilidades es hacer un recorte intencionado para dotar de la neutralidad, que tanto le gusta a los neoliberales, a políticas que claramente no lo son. La rentabilidad extraordinaria mencionada es el resultado de la transferencia de ingresos que dichos sectores recibirán fruto de la caída de los ingresos (salarios, planes sociales y jubilaciones) de los sectores populares provocada por paritarias o actualizaciones que se fijen por debajo de la inflación pasada (noviembre y diciembre) y la que vendrá. Para ello el gobierno y sus más altos funcionarios no escatiman presiones, para que, según los dichos del Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, los distintos sindicatos no “pongan en peligro” los puestos de trabajo pidiendo aumentos de salarios por encima de las “posibilidades” de las empresas o que la sociedad acepte mansamente el “necesario e inevitable” ajuste de las cuentas públicas mediante la quita de subsidios a los servicios públicos que darán otro golpe a los ya golpeados ingresos de los sectores populares.

La economía tiene poco de inevitable y mucho de decisiones políticas. No fue inevitable ni forzosa la transferencia de ingresos a los sectores populares, el aumento y sostenimiento de los puestos de trabajo y el incremento del poder de compra de los salarios de los trabajadores y su consecuente empoderamiento durante los gobiernos kirchneristas; como tampoco son inevitables y forzosas, a pesar de los intentos por mostrarlas así, las políticas en sentido exactamente contrario del gobierno macrista.

* Docente UNLZ-FCS. Integrante del Colectivo Educativo Manuel Ugarte (CEMU).

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