El esquema financiero que plantea el actual gobierno se contrapone con las necesidades de crédito de la economía real, principalmente de la pequeña y mediana empresa. El desmantelamiento de distintas regulaciones que habían permitido hasta el año pasado redireccionar el crédito hacia la actividad productiva será un duro golpe para este sector productivo, dado que la liquidez volverá a focalizarse en activos especulativos en un escenario de altas tasas de interés. Luego de que se flexibilizaran a favor de los bancos las condiciones para el acceso a líneas de financiamiento subsidiadas, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) volvió a hacer optativa la inversión en activos de la economía real para las aseguradoras, pero las obliga a desinvertir estas posiciones en cartera en cuotas hasta fines de 2017. También derogó la norma que las obligaba a calzar los activos en dólares con sus reservas técnicas, lo que en la práctica no se cumplía debido las presentaciones de amparos del sector.

Las aseguradoras de riesgo estaban obligadas desde 2012 por el denominado inciso “k” a direccional una porción de las inversiones del sector hacia proyectos productivos y de infraestructura. La normativa disponía que se destine una parte de sus fondos al financiamiento de la economía real a través de la compra de diferentes instrumentos emitidos por pymes y obligaciones negociables lanzadas por firmas de mayor envergadura como YPF. Según el segmento donde operaban, las aseguradoras debían colocar entre 8 y 18 por ciento de sus carteras a ese tipo de inversiones consideradas estratégicas. Esta iniciativa buscaba que se volcaran unos 7000 millones de pesos en el mercado y se creaba un comité para supervisar ese tipo de proyectos.

El inciso incluía a inversiones en títulos de deuda, certificados de participación en fideicomisos y cheques de pago diferido avalados por Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). Según fuentes privadas, un 40 por ciento de los 8584,5 millones de pesos que se colocaron el año pasado fue a través de la regulación del inciso K. El último informe del Instituto Argentino del Mercado de Capitales (IAMC), en diciembre pasado se había registrado un nuevo registro histórico para la serie anual, con colocación de pymes por el equivalente a 880 millones de dólares, un 27,6 por ciento más que en igual mes del año pasado. El 94 por ciento consistió en cheques de pago diferido, 4 por ciento a fideicomisos financieros y el 2 restante a obligaciones negociables. Dentro de las carteras se encontraban firmas reconocidas que consiguieron financiamiento por esta vía, como Newsan, Grimaldi, Impsa, Quickfood, Electroingeniería y Medanito, entre otras.

Como sucedió en otros sectores, el lobby de las aseguradoras para que puedan invertir en activos más volátiles fue convalidado por el gobierno de Mauricio Macri. El superintendente Edgardo Podjarny dispuso eliminar los pisos para la inversión de mediano plazo y habilitan a las empresas a desprenderse paulatinamente de esas inversiones a lo largo de los próximos 24 meses. Esos activos suman actualmente unos 23 mil millones de pesos. La desarticulación de la medida, celebrada por la actividad cuyos principales referentes habían presentado amparos para evitar esta adecuación, impactará sobre el costo del financiamiento y la demanda de instrumentos para las empresas medianas que busquen ampliar su capacidad productiva.

La aplicación del inciso “K” había formado parte de una serie de medidas cuyo objetivo era mejorar el perfil de las inversiones, tales como la participación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses y la Línea de Créditos para la Inversión Productiva del Banco Central. El presidente del Central, Federico Sturzenegger, relajó para los bancos los requisitos para prestarle a la pymes, mientras que las autoridades del organismo de la seguridad social dieron señales de que sus prácticas de inversión relegarán los proyectos productivos y de infraestructura. La Comisión Nacional de Valores, también esta semana, prorrogó hasta el 31 de marzo próximo la obligación de diferir el 2,5 por ciento de la cartera de todos los fondos comunes de inversión la tenencia de activos en inversión productiva, infraestructura y en pymes. No obstante, las administradoras recibieron el compromiso de que pasada esa fecha el regulador derogará también esa obligación.

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