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A cuatro meses de haber asumido, el presidente Mauricio Macri convocó en Olivos a los cien ejecutivos más influyentes del sector privado de la economía nacional. Con tono amistoso, les dijo que la mayoría de ellos lo hubiese “tildado de loco” si, en abril de 2015, les decía que, en pocas semanas de su Gobierno, no iba a existir más el “cepo”, que no íbamos a estar en “default”, que íbamos a liberarnos de las restricciones al comercio en la Argentina y que seríamos “uno de los países más demandados, que habría despertado mayor interés por invertir y por el futuro”. Ése fue el preámbulo que utilizó para reclamar más compromiso con la inversión, el cuidado de los empleos y la estabilidad de precios.

Unos meses atrás y tras cumplir 33 días a cargo de la cartera de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay había expuesto las metas de 2016. Proyectó un crecimiento de entre el 0,5 y el 1 por ciento y un rango de inflación anual del 20 al 25 por ciento. Estaba claro que era un escenario muy optimista, prácticamente irrealizable respecto a lo que casi todos los analistas preveían en ese momento. Si bien la inflación acumulada, medida por IPC-CABA, de los doce meses previos a la asunción había sido del 22 por ciento (lejos del 30 por ciento al cual se refiere Prat-Gay en sus discursos), el gobierno acababa de devaluar bruscamente, de eliminar y reducir retenciones y se encaminaba a subir las tarifas de los servicios públicos, medidas de alto voltaje inflacionario. Hoy, las consultoras de la city anticipan una caída del PIB en torno al 2 por ciento y una inflación en el orden del 40 por ciento.

Errores

Es habitual que los gobiernos, cuando trazan sus objetivos, se muestren optimistas para tratar de incidir sobre las expectativas, aunque después no puedan cumplirlos. Sin embargo, los errores del “dream team” son demasiado gruesos. Evidentemente, sobrestimaron el amor de los mercados y su capacidad para compatibilizar favores a grupos de poder con las necesidades de la economía nacional. Eso explica la inquietud de Macri frente a los empresarios y obliga a indagar más sobre el impacto de las políticas recientes y cuáles son los problemas estructurales de la economía para lograr una reactivación.

Además de buscar recomponer la rentabilidad de los exportadores, el equipo económico favoreció la actividad del sector financiero. En su intento por combatir la inflación, decidió subir abruptamente las tasas de interés de referencia (Lebac) en lugar de restringir el negocio bancario a través del aumento de los encajes (porción de los depósitos que los bancos deben inmovilizar). Su efecto de absorción de la oferta monetaria hubiera sido similar, pero con la suba de encajes los bancos no habrían ganando tanto a costa del Estado. Los malos resultados económicos obligaron a combinar, recién a partir de junio pasado, un suave aumento de los encajes con una gradual retracción de las altas tasas de interés. Como resultado de las medidas adoptadas, el Banco Central deberá resignar este año 200.000 millones de pesos por el pago de intereses.

Resulta contradictorio, en función de los objetivos trazados, beneficiar nítidamente a un sector concentrado y que no está afectado por la competencia internacional. Según el último “Informe de Bancos” del Banco Central, el sector financiero acumuló ganancias por 39.886 millones de dólares entre 2005 y 2015. Ese monto supera el superávit comercial total registrado por Argentina entre 2010 y 2014 y el 56 por ciento de esa rentabilidad fue conseguida en los últimos cuatro años, cuando la economía perdió el alto ritmo de crecimiento del período anterior.

Lo más grave de seguir beneficiando a los bancos es que concentra más poder y su política no está alineada con el objetivo de desarrollo local. Su rentabilidad extraordinaria no fue consecuencia de inversiones o desarrollos de mercado innovadores y el direccionamiento de sus líneas de crédito, no sujetas regulaciones del sector público, históricamente dificultó el desarrollo productivo nacional, especialmente de las Pymes.

Abusos

Una política más equitativa y afín a las necesidades del desarrollo hubiera destinado los recursos cedidos al sector financiero a promocionar la inversión productiva, especialmente de las Pymes, incrementando la oferta local con fabricación nacional, en lugar de sustituir parte de ella con importaciones que destruyen empleos y empeoran la distribución del ingreso, en un contexto de caída generalizada del consumo. A su vez, la aceleración inflacionaria provocada por las políticas económicas empleadas y la disparada de los costos financieros abrieron nuevos espacios de negociación donde las grandes empresas abusan de su mayor poder de mercado, estableciendo precios y formas de pago perjudiciales para las Pymes.

El impacto de estas medidas obligó a que el gobierno deba sincerar que la reactivación no llegará en el segundo semestre de 2016 y así dilapidó parte de la confianza de los empresarios sobre la gestión pública. Las expectativas creadas han conseguido postergar despidos de operarios en la industria. Pero el sector no resiste mucho tiempo más. Si no hay un cambio de rumbo rápido, no solo va a subir el desempleo por el incremento de los despidos. La contracción del poder adquisitivo obliga en muchos hogares a que más integrantes deban salir a buscar empleo, lo cual acrecienta el universo de trabajadores activos desocupados.

La decisión de reactivar los proyectos de obra pública, diseñados por el gobierno anterior, amortiguará la recesión, pero no será suficiente para sostener la actividad, especialmente en los sectores industriales no vinculados a la construcción que dependen del dinamismo del mercado interno y compiten con la oferta del exterior.

Tipo de cambio

La consultora Contexto advirtió en su último informe que, en el primer semestre de este año, se produjo una pérdida del 70 por ciento de las ganancias en competitividad que había generado la devaluación de diciembre pasado. En tanto, el tipo de cambio real multilateral, medido por el Banco Central, converge al pico máximo de atraso de la posconvertibilidad, registrado a fines de 2013, nivel previo a la devaluación de enero de 2014.

Y no todo se resume a la competitividad–precio. Además de tener que soportar un contexto internacional mucho más complicado que en 2013, el panorama local agrava la situación. Según Economía & Regiones, consultora fundada por el actual ministro Rogelio Frigerio, en aquel año, la economía avanzaba a un ritmo del 3 por ciento. Se lograban récords de producción en la construcción, en automóviles, motos, electrodomésticos, celulares, calzado, ropa, juguetes, marroquinería, alimentos y bebidas, entre otros rubros. Un alto nivel de actividad generalizado permitía a la industria amortizar costos fijos en un elevado volumen de producción que compensaba los altos costos internos, en dólares, vinculados al atraso cambiario.

Hoy, en cambio, la caída de las ventas obliga a disminuir la producción, lo cual aumenta la incidencia de los costos fijos. A su vez, los mayores gastos financieros reducen el atractivo de seguir acumulando stocks para mantener la producción y no tener que suspender o despedir personal. El incremento del costo energético, utilizado por las fábricas de una forma más intensiva que en la actividad primaria o los servicios, sin un tratamiento tarifario menos corrosivo, hace insostenible el negocio de algunas empresas que no pueden trasladar los aumentos de los costos a los precios por la reducción de la demanda.

En muchos casos, la solución pasa por desactivar líneas de producción y complementar su oferta con productos importados. De esa forma, pueden sostener parte del personal mejor capacitado o de mayor trayectoria y mantienen activa parte de su estructura productiva con la esperanza de que algún día llegue la mentada reactivación. En el medio, los altos costos fijos deterioran la rentabilidad, se pierden empleos y el país debe gastar más divisas para adquirir bienes sustituibles por producción local.

El horizonte tampoco indica que se pueda conseguir una mejora de competitividad a través de una nueva devaluación brusca; el potencial rebrote inflacionario que provocaría y las implicancias negativas, en términos políticos, de otro desgaste del poder de compra de los asalariados en ciernes de un año electoral no lo haría viable.

Costo laboral

El nuevo “cepo” que termina de espantar a los capitales nacionales e internacionales para invertir en actividades productivas no protegidas de las importaciones o con claras ventajas competitivas como las extractivas de recursos naturales es el costo laboral. Mientras que, por ejemplo, al final de la Convertibilidad el costo de un obrero industrial en Argentina era un 88 por ciento más alto que en Brasil y un 74 por ciento superior que en México, en la actualidad, el costo del asalariado local es un 114 por ciento más alto que en Brasil y un 208 por ciento mayor que en México. En 2011, el costo local era un 37 y 146 por ciento más alto, respectivamente.

El gran problema es que los mayores salarios en Argentina no se traducen en un nivel de vida de esos trabajadores sustancialmente mejor que el de sus pares latinoamericanos. Inclusive la capacidad de compra actual es mucho peor que la de 2011, pese a que la brecha de costos salariales con los otros dos países era muy inferior.

Este fenómeno obliga a estudiar en detalle la estructuras de costos de las empresas para detectar cómo se distribuye el excedente y motorizar políticas industriales que estimulen el desarrollo productivo. En este sentido, una reforma tributaria integral es fundamental. Ésta, por ejemplo, debería eliminar algunos impuestos acumulativos e internos que gravan a la producción local y no a las importaciones, como el de los ingresos brutos o el impuesto al combustible.

Los extraordinarios costos locales, en relación a parámetros internacionales, de intermediación comercial y financiera, de telecomunicaciones e inmobiliarios deberían revisarse con suma urgencia, más allá del estudio específico que debería realizarse sobre cada cadena de valor para resolver abusos e inconsistencias distributivas. Lamentablemente, el gobierno apenas tomó el poder, desactivó los sistemas que buscaban monitorear el funcionamiento de las cadenas de valor, confiando en los dotes distributivos del propio mercado.

La inversión pública también constituye un soporte muy importante para mejorar la infraestructura y, de ese modo, mejorar la competitividad. Pero, además, tiene que haber un vuelco de la política pública. Premiar a la inversión financiera en detrimento de la productiva es claradamente el camino equivocado. Seguir por esta vía implicará una nueva destrucción de capacidades industriales recuperadas en los años anteriores, una profundización del perfil agro exportador de nuestro país, un rápido salto de la desocupación y un endeudamiento externo nuevamente insostenible. Y ya sabemos que, lamentablemente, el costo de esas políticas recaen, tarde o temprano y con todo su peso, sobre la mayoría de la población.

* Economista EPPA. Profesor UBA y Undav.

@marianokestel