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El triunfo de Mauricio Macri implica mucho más que una mera alternancia en el poder entre distintas fuerzas políticas. La alianza Cambiemos impulsa un reemplazo del régimen político-económico vigente en los últimos 12 años.

El proceso de ampliación de derechos no tenía vuelta atrás (por lo menos, en algunos aspectos) para sectores del kirchnerismo. “El cambio iniciado en 2003 es irreversible”, fue una consigna enarbolada en plena campaña electoral. El diagnóstico era, en pocas palabras, que el empoderamiento popular impediría que la derecha avanzara sobre ciertas conquistas.

La realidad está marcando otra cosa. La estrategia macrista implica un giro de 180 grados en los aspectos centrales de la política económica, más allá del mantenimiento de programas heredados de la gestión anterior (por caso, la Asignación Universal por Hijo).

En esa línea, los investigadores del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra) sostienen que la alianza Cambiemos realizó “un giro copernicano en el tipo de Estado a través de la implementación de un fuerte shock ortodoxo de carácter neoliberal. La política económica sustenta sus acciones en: por un lado, reemplazar las políticas regulatorias por el libre juego de la oferta y la demanda (es decir, su delegación a aquellas fracciones del capital que tienen mayor incidencia en la estructura de los mercados), y, por el otro, poner en marcha una política de “ajuste económico” que implica un salto significativo en el ritmo inflacionario, reducción del nivel de actividad económica y una profunda transferencia de ingresos del trabajo al capital y, dentro de éste, especialmente hacia el sector financiero y los terratenientes pampeanos” (Informe de Coyuntura N° 19).

El diagnóstico oficialista incluye la idea de que se produjo una sobreexpansión del consumo en la etapa kirchnerista. El radical Pro Javier González Fraga resumió como nadie esa visión cuando sostuvo que “les hicieron creer a los empleados medios que podían comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior”. La vicepresidenta Gabriela Michetti reafirmó que les hicieron creer a los argentinos “que podían vivir de esa forma eternamente”.

El ajuste salarial e incremento del desempleo no son efectos indeseados de la política económica. Por el contrario, esos supuestos “daños colaterales” constituyen objetivos centrales del gobierno macrista. Los investigadores del Cifra estiman que, en los primeros cuatro meses de gobierno, el salario real se contrajo 12,1 por ciento.

La “revancha clasista” se viene produciendo con escasas resistencias sociales, más allá de algunas protestas sectoriales. La reacción más contundente fue el multitudinario acto del 29 de abril pasado convocado por las cuatro centrales sindicales (más el maxiquiosko de Barrionuevo, Wainfeld dixit).

Sin embargo, lo que podría haber sido el puntapié inicial de una resistencia organizada se diluyó rápidamente. La movilización conjunta de las dos CTA, el 2 de junio, a Plaza de Mayo fue la reacción más contundente post-acto de todas las centrales sindicales. En cambio, las CGT se limitaron a anunciar que instalarían “ollas populares en todas las plazas del país” en repudio al veto a la Ley de emergencia ocupacional.

El primer tramo de la gestión de Mauricio Macri revela, por lo menos, dos lecciones: 1) ningún cambio es irreversible, 2) el único límite del ajuste es la capacidad de resistencia de los ajustados, como gusta decir el dirigente Carlos Heller.

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@diegorubinzal