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La inesperada rebelión contra la Corte Suprema de una importante cantidad de magistrados de primera y segunda instancia por la pesificación de los depósitos se parece más a una interna de la corporación judicial que a un abordaje inteligente sobre una de las mayores estafas de la historia financiera reciente. Ni el controvertido fallo de Eugenio Zaffaroni, ni la intolerante reacción de los ahorristas alentada por el cómico con aspiraciones políticas Nito Artaza acompañado por el estudio especializado en amparos Bergenfeld, ni el argumento dolarizador del “derecho de propiedad” con mirada tuerta de diversos jueces colaboran para entender cómo se llegó y cómo se resolvió ese estallido. Tampoco ayuda el voto dolarizador de Carlos Fayt, puesto que no se ha excusado, como su colega Enrique Petracchi, por poseer dinero atrapado en el corralito, lo que tiñe de parcialidad sus considerandos. Ni colabora la provocación innecesaria de la mayoría de la Corte al criticar la “desorbitada actuación de los tribunales inferiores” que impulsaron un “festival de amparos”. Por su parte, no ha aportado mucho a despejar nubarrones la insistencia de Roberto Lavagna por un fallo pesificador, injerencia que más que aclarar ha enturbiado el panorama. Así se demuestra una vez más que cuando un ministro de Economía presiona a otro poder del Estado por una pronta aprobación (al Congreso) o ratificación (a la Corte) de una medida económica convocando fantasmas y calamidades, estrategia que bien se recuerda era la preferida del mediterráneo más famoso, lo único que consigue es complicar aún más la posibilidad de alcanzar una resolución al problema.
Como se puede apreciar, la cuestión es lo suficientemente compleja por los actores intervinientes como para hacer análisis simplistas, lo que no implica que el sentido común tenga que estar ausente en ese debate. El lector atento ya se habrá percatado de que hasta ahora no han sido mencionados otros dos destacados protagonistas de ese conflicto. Estos son los bancos y los principales –y silenciosos– beneficiarios del esquema de pesificación impulsado por la administración Duhalde: los deudores del sistema financiero.
Cuando se apunta a los bancos, se insiste con la ingenua acusación de que “se quedaron con los dólares” o de que recibieron “compensaciones millonarias”. Estas últimas, dadas por el Estado, fueron en gran parte para equilibrar las cuentas de las entidades por el engendro de la pesificación asimétrica, que mantuvo la paridad 1 a 1 para los préstamos y ajustó a 1,40 más CER a los depósitos. Además, hipocresías a un costado, los bancos no se quedaron con los dólares. Sí, en cambio, fueron responsables de alentar esas colocaciones, de no advertir de los riesgos de esos depósitos en moneda dura virtuales, de ser los abanderados de la fantasía de la convertibilidad, de alertar a sus grandes y privilegiados clientes de la debacle que se venía para que pongan a buen resguardo su dinero, de mentir –las entidades extranjeras– sobre el respaldo de sus casas matrices. En definitiva, los bancos han sido parte importante de ese terremoto y, por lo tanto, deben asumir costos ineludibles de esa crisis.
El imprescindible rescate del papel que jugaron los deudores del sistema, que se han acomodado como espectadores de lujo de esta batalla por la pesificación, se debe a que han sido los grandes ganadores de esta crisis. No queda claro por qué es “justa”, “no es inconstitucional” y “no viola el derecho de propiedad” la alteración de las condiciones que en su momento pactaron los bancos con aquellos que recibieron créditos en dólares. Esa medida de “justicia” de alterar los contratos para fijarlos en pesos a un paridad 1 a 1, cuando el dólar se había disparado arriba de 3 pesos, significó un costo para el Estado, o sea para toda la sociedad, de por lo menos 30 mil millones de pesos en emisión de nueva deuda.
Eugenio Zaffaroni que está tan preocupado por criterios de equidad, aspecto elogiable para un miembro del máximo tribunal, no debería limitar esa inquietud a una de las partes que intervienen en el sistema financiero –los depositantes– ignorando a la otra –los deudores–, porque el negocio bancario no existe sin una y otra. Cualquier propuesta que no incluya a ambas y que aspire a criterios de equidad, sin que sea el Estado el que asuma los costos como ha sucedido con la pesificación asimétrica, debería también establecer escala de deudores. Poco de equidad tiene que Pérez Companc, ahora en manos de la brasileña Petrobras, haya pesificado su deuda de más de 350 millones de dólares. Lo mismo que Techint, Loma Negra, el Grupo Macri, Repsol-YPF y otros grandes grupos económicos. Por caso, las privatizadas, en conjunto, licuaron así sus pasivos con el sistema financiero local con un beneficio de 2000 millones de pesos.
Aquellos que miran con simpatía el voto de Zaffaroni pueden sostener que ese fallo se refería exclusivamente a los depósitos. Eso es cierto cuando se refiere a la pesificación en general, pero al introducir escalas -hasta 70 mil dólares mantiene la moneda de origen–, el especialista en Derecho Penal avanzó sobre la instrumentación de una medida económica. En ese caso, entonces, se debe abordar la iniciativa con toda la complejidad que implica alterar la estructura de funcionamiento de la actividad bancaria.
Aquí aparece la oportunidad de reparar la mayor injusticia que derivó del corralito. Y que no fue, precisamente, la pesificación de los depósitos, dado que los ahorristas fueron generosamente compensados, e incluso aquellos que ingresaron en el último canje con el adicional de los Boden 2013 ya acumulan un capital más elevado que el original en dólares. La forma de desarmar el andamiaje de injusticia e inequidad de esta crisis financiera debería comenzar por revisar la escandalosa pesificación a la paridad 1 a 1 de las deudas de las grandes empresas.