El aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia reúne un consenso mayoritario. No se presenta políticamente correcta, desde el proclamado progresismo, la crítica a una medida que beneficia a trabajadores. Y no resulta oportuno, desde el mundo ubicado en el centro hacia la derecha, el cuestionamiento a una iniciativa que favorece a las empresas en la negociación salarial con los gremios, además de que alivia la carga tributaria de los ingresos de los cuerpos gerenciales y jerárquicos. Por ese motivo, una controvertida reducción impositiva que implica la nada despreciable suma de 1550 millones de pesos anuales logra el apoyo de sectores diversos y el elogio casi unánime de parte de los medios de comunicación. Es comprensible esa coincidencia: los periodistas que definen líneas editoriales y los mediáticos pagarán menos y recibirán un sueldo de bolsillo mayor, las empresas podrán mostrar que abonan salarios más elevados, los gurúes de la city olvidarán su obsesiva preocupación por las cuentas fiscales porque sus clientes están satisfechos con que el Estado haga ese aporte a “la causa”, y los sindicalistas podrán revelar que no se han olvidado de que su objetivo es luchar por la mejora de los ingresos de los trabajadores.

Esa concurrencia de intereses no debería ocultar que el alza del mínimo no imponible no representa una medida progresista, si se tiene en cuenta que en un universo laboral de bajos sueldos y elevada informalidad ese beneficio involucra a apenas el 5 por ciento de las personas ocupadas (el 9 por ciento de los asalariados). En un mercado de trabajo fragmentado, con una porción importante de empleados pobres por ingresos, ese grupo constituiría la denominada aristocracia obrera.

Además, esa iniciativa oficial –que forma parte de la estrategia de seguir alimentando la demanda– no mejora en nada la actual estructura del Impuesto a las Ganancias. Esta contiene groseras exenciones, como la renta financiera, el salario de los jueces y las utilidades obtenidas por la venta de activos. Que exista ese injusto privilegio a inversores de la city, hombres de negocios y magistrados no implica que deba seguir agujereándose la base de Ganancias. Es cierto que resulta un absurdo en cuanto a equidad tributaria que un asalariado tenga que pagar Ganancias mientras personas acaudaladas no destinan ni un peso a cumplir con ese tributo por sus fabulosas rentas financieras. Pero el camino es cerrar esa filtración y no agrandar el despropósito. Es plantear un debate integral del régimen y no saludar como una conquista una mejora marginal de los salarios de la cúpula de la pirámide laboral. En concreto, se trata de pensar un sistema tributario progresivo, sustentable, transparente, simple y equitativo.

También es entendible el argumento de aquellos que sostienen que en una sociedad que recibe deficitarios servicios públicos esenciales no exista predisposición a pagar impuestos. Incluso aquí no existe una cultura de pagar Ganancias entre los trabajadores de salarios medios y altos, como sí está arraigada en países desarrollados. Pero si la cuestión pasa por resignar recursos fiscales, el destino debería ser para los sectores más castigados. No se presume una decisión socialmente equitativa dejar de recaudar 1550 millones de pesos para que unos 800 mil asalariados de ingresos que están muy por encima del promedio reciban unos cientos de pesos más por mes. Con toda la complejidad que encierra la cuestión –exenciones a ricos y un Estado brindando pobres prestaciones–, y teniendo de referencia modelos impositivos ordenados, tributaristas enrolados en el equipo de los progresistas consideran que incluso debería haber mayor progresividad en la actual escala de las alícuotas que pagan los trabajadores de cuarta categoría (la máxima es del 36 por ciento, inferior a la de países comparables). Además, destacan como un sinsentido de la estructura impositiva que a medida que se sube en la pirámide, gerentes y ejecutivos complementan sus ingresos con rentas financieras y ganancias de capital que hoy están desgravadas.

En La cuestión tributaria en Argentina (Documento de Trabajo Nº5, julio 2005, Cefid-Ar), los economistas Jorge Gaggero y Federico Grasso explican en forma clara y contundente los alcances de una necesaria reforma para Ganancias. “El peso de la recaudación debería tender a descansar en porcentajes crecientes, como objetivo de mediano y largo plazo, en el tributo pagado por las personas físicas y, en una proporción decreciente, por las sociedades de capital.” En otras palabras, “resulta necesario que la estrategia a seguir apunte a revertir paulatinamente la situación actual, puesto que el peso del impuesto recae hoy principalmente sobre las unidades productoras en lugar de incidir sobre quienes obtienen las rentas”, escribieron. También propusieron que debe estructurarse “un tributo de base amplia y global, con un mínimo de exenciones subjetivas (las que benefician a determinadas personas, físicas o jurídicas) y objetivas (las que alcanzan, de modo general, a operaciones o actos) que eviten tratamientos diferenciados injustificados por tipos de rentas”, para concluir que “se ha observado, en la evolución histórica del Impuesto a las Ganancias, que el mismo ha sido vaciado de contenido sustantivo a lo largo de sucesivas modificaciones”.

Podrían haberse explorado otras soluciones a la situación ante Ganancias de petroleros, camioneros, obreros de la siderurgia, de la industria automotriz y de otras ramas industriales dinámicas. Se buscó la más fácil, que involucra recursos fiscales. Es evidente que ese problema presenta inequidades en su resolución. Y que no es fácil encontrarla en un contexto donde los trabajadores están recuperando su poder adquisitivo luego de la megadevaluación, y que éste aún sigue retrasado a nivel histórico. Pero también genera inequidad mantener una elevada tasa del IVA del 21 por ciento, las mencionadas exenciones en Ganancias o la estructura de aportes patronales heredada de la gestión Cavallo. Pensar esas contradicciones y luego implementar medidas que –por la complejidad de la cuestión– son controvertidas es el riesgo de la gestión de gobierno. Pero de ahí a presentarlas como un triunfo de los trabajadores o una iniciativa progresista existe un trecho. En los hechos, el esfuerzo del fisco con el alza del mínimo no imponible es el aporte del Estado para cerrar el Pacto Social al estilo Kirchner, al moderar de ese modo los reclamos de recomposición salarial de los gremios a la vez de impulsar a los empresarios a avanzar sobre su exagerado conservadurismo en la negociación. Una demorada reforma tributaria y, en especial, el capítulo Ganancias son otro tema.