En pleno inicio de la temporada de convenciones colectivas el lobby patronal alzó la guardia. La Unión Industrial Argentina difundió un informe que es elogioso de la política oficial pero advierte sobre “el fuerte aumento de los costos laborales”, y las versiones contadas por los empresarios metalúrgicos de la primera reunión mantenida con la UOM hablan de una actitud sindical muy agresiva. Que los empresarios se muestren tan a la defensiva es augurio de que los acuerdos van a ser relativamente fáciles de alcanzar y satisfactorios para el atacante.

El seguimiento que hace la consultora de Ernesto Kritz a través de una encuesta a 128 compañías líderes muestra que de diciembre a esta parte la expectativa sobre cuánto pedirán los sindicatos subió del 16,6 al 20,7 por ciento, mientras que la predisposición a conceder pasó del 12,9 al 13,9 por ciento. Si bien esos resultados arrojan que la distancia entre las partes se amplió de menos de 4 puntos a casi 7 puntos porcentuales, lo cierto es que refuerzan la idea de que las tratativas llegarán a puerto sin demasiada turbulencia.

El argumento básico es que más allá de que Hugo Moyano haya dicho en público que se negocia “sin piso ni techo” y de las declaraciones oficiales sobre la prescindencia del Ejecutivo, la verdad es que está más que conversado entre el Gobierno y la CGT que el objetivo es cerrar en torno del 15 por ciento. Una meta más que moderada para una economía que se perfila para otro año de fuerte crecimiento de la producción, de la productividad, y con una inflación del orden del 10 por ciento. Además, 15 por ciento es una cifra muy cercana a lo que según el relevamiento citado los empresarios están dispuestos a otorgar.

El año pasado el Gobierno estableció abiertamente una pauta del 19 por ciento, lo que terminó cumpliéndose casi con exactitud. Según los datos del Indec, la remuneración de los trabajadores registrados aumentó entre enero de 2006 y el mismo mes de este año un 18,8 por ciento. Esta vez el Gobierno no va a tener una injerencia tan visible, pero puertas adentro ha estado muy activo. Un miembro del gabinete con voz en el tema contó a esta columna que “el Gobierno tiene una posición fijada en el 15 por ciento, y cada uno de nosotros se lo hizo saber a los involucrados en privado cada vez que salió el tema”. En ese mismo sentido el Gobierno ya emitió una señal muy clara como parte del anuncio de aumento a los docentes, que pasó inadvertida para muchos por el ruido que generó el conflicto con la provincia de Buenos Aires. “No fue para nada casual que (Daniel) Filmus haya dicho en la conferencia de prensa, junto con los cuatro representantes sindicales, que el aumento en los mínimos representa un incremento promedio del 15 por ciento en la masa salarial”, subrayó la fuente. Además de ingredientes netamente políticos y de algunos adobes dinerarios por la vía de subsidios a obras sociales u otros mecanismos, el Gobierno también contribuyó a la moderación cegetista elevando el mínimo no imponible en el impuesto a las Ganancias, lo que va a elevar el ingreso neto de unas 650.000 personas, de los cuales una porción significativa son trabajadores convencionados. Así como el ministro de Educación hizo el anuncio flanqueado por los popes sindicales de su sector, el jefe de Gabinete Alberto Fernández y la ministra Felisa Miceli comunicaron la novedad de alcance general en compañía de Moyano. Puestas en escena simbólicas para medidas que son posibles gracias a la extraordinaria holgura fiscal. El aumento a los docentes le costará cerca de 1000 millones de pesos al fisco nacional, con lo cual ya tiene a cargo un 15 por ciento de toda la masa salarial de docentes provinciales. A lo que hay que agregar otros 1500 millones de pesos de menor recaudación en Ganancias. Todo eso en un par de semanas.

Si bien en las paritarias se determina el ingreso de no más de 3 millones y medio de trabajadores convencionados, la situación que atraviesa el mercado laboral de un año a esta parte hace que el efecto de los acuerdos se expanda incluso para impactar en los trabajadores informales. De hecho en el último año el salario de los que trabajan en negro (más del 40 por ciento de los 15 millones de personas ocupadas) subió un punto más que el de los registrados.

El problema está en que ese recorte temporal que muestra cierta paridad entre negro y blanco oculta el retraso acumulado de 30 puntos respecto de la inflación que los no registrados arrastran desde fines de 2001, sin contar las otras desventajas de estar en la informalidad en términos de cobertura social y previsional. Un problema de por sí muy complejo, que encima no se arregla sólo con dinero del Estado.