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En la superficie, la coyuntura agropecuaria pareciera estar comprendida por dos grandes líneas de difusión. La gran buena noticia, dada por los excelentes números de las exportaciones y la explosión de rentabilidad asociada a las nuevas tecnologías, y la gran mala noticia, las pertinazmente batalladas retenciones al comercio exterior. Sin embargo, en medio de la fiesta nunca falta un agorero que, por ejemplo, recuerde una de las cuestiones fundamentales de la naturaleza de la producción agraria, la sustentabilidad del recurso tierra. Esta función, tratada desde el lado equivocado por algunos ludditas contemporáneas vestidos de ecologistas, muchas veces funcionales a los intereses agrarios de los países centrales, es abordada en profundidad por un informe del INTA, disponible en la página web del organismo. La pregunta de fondo que intenta responder dicho trabajo es “la sustentabilidad de largo plazo” de la producción agropecuaria, que por su relevancia en el conjunto de la economía, es también una pregunta por la sustentabilidad del nuevo modelo de país.
Mientras la interpretación de algunos barones de la soja sostiene que la población que se apiña en los suburbios de las grandes ciudades es un subproducto de las retenciones, la realidad explicada por el INTA es la opuesta. El modelo agropecuario en desarrollo corre el riesgo de no ser sustentable no solo agroecológicamente sino también socialmente. La expulsión de población del campo provocada por la concentración de la propiedad de la tierra y las nuevas tecnologías, primero, y los riesgos de la pérdida de biodiversidad, erosión y desertificación, después, parecen razones más convincentes para la pobreza urbana que la sola aplicación de un tributo. Quienes sostienen que la vuelta al campo es una solución para la pobreza y que esa vuelta podría ser ayudada por la eliminación de las retenciones, dejan de lado que buena parte de los pobres de las ciudades fueron primero expulsados del campo y, en consecuencia, no tienen dónde volver.
Pero el paper del INTA va más allá de la descripción de un problema conocido. Sostiene que determinadas formas de producción producen efectos no deseados, por ejemplo la contaminación de aguas subterráneas o la erosión de los suelos. También que las decisiones de producción, como por ejemplo las que conducen al monocultivo, se toman en base a la maximización de beneficios. El mercado suele dar señales para esta maximización, pero no sobre sus costos sociales y ambientales, al menos en el corto plazo. La función de la política, entonces, consistiría en incorporar dichos costos a la decisión empresaria. El organismo no lo hace explícito, pero si el problema es, por ejemplo, el monocultivo sojero, una solución consiste en desalentarlo tributariamente para compensar la rentabilidad extraordinaria que lo provoca. En términos económicos ello significa menor producción en el corto plazo, pero sustentabilidad en el largo.
La conclusión del INTA es que los indicadores de rentabilidad positiva vinculados a las muy favorables condiciones de los mercados internacionales ocultan la necesidad de “una estrategia concertada, a mediano plazo”, que reencauce el “desordenado proceso de agriculturización, acompañado, en muchos casos, de monocultivo”, tanto en los productos agrícolas como en los forestales.