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TARIFAS
El Poder Ejecutivo convocó a Audiencias Públicas para legitimar los aumentos tarifarios que ya han sido acordados con las empresas a espaldas de los usuarios y la ciudadanía. Las mismas han sido impugnadas judicialmente por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y el Foro de Asociaciones y Consumidores debido a que:
1. La solicitud de las empresas de aumentar las tarifas viola la ley de emergencia económica que establece la renegociación integral de los contratos y no un mero aumento de tarifas. La ley puntualiza que la renegociación tenga en cuenta no sólo la rentabilidad de las empresas sino también “el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos”; “la calidad de los servicios y los planes de inversión” y “el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios”.
2. Las empresas y el Poder Ejecutivo incumplen con la obligación de entregar la información necesaria para que los usuarios y la ciudadanía evalúen la real situación operativa y financiera de las empresas.
3. No existió acto administrativo (decreto o resolución) que les diera origen ni expresara su justificación.
Se puede acceder desde www.defensoria.org.ar/informes/informes.html a documentos que contienen los principales argumentos que invalidan los reclamos de las empresas privatizadas y proponen seis puntos para la renegociación integral de los contratos, acordados por Defensorías del Pueblo y Asociaciones de Usuarios y Consumidores.
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