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El secretario del Tesoro estadounidense John Snow se deshizo en elogios, dijo estar “encantado” y calificó la decisión del gobierno brasileño de no renovar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como una noticia “fabulosa”. Rodrigo Rato, por su parte lejos de sentirse desairado, apuró una declaración afirmando que el staff del FMI que él conduce “comparte plenamente” la determinación. El poder económico de ese país, sus líderes políticos de centro y derecha, y el mundo financiero internacional aplaudieron la resolución de Lula. Y desde el ala izquierda del Partido de los Trabajadores no se escucharon casi críticas (hubiera sonado ridículo que desde ese lado se quejaran y reclamaran a favor de seguir bajo la tutela del ogro con sede en Washington). Rara vez ocurre que una medida de semejante naturaleza genere tanto consenso, aunque las coincidencias a nivel dirigencial son bastante más frecuentes en Brasil que en la Argentina.
Pero los acuerdos dan paso a la polémica cuando se trata de establecer cuál es el objetivo que persigue el gobierno brasileño. ¿Prescinden del financiamiento para desembarazarse de los tradicionales condicionamientos del FMI y poder así recorrer un camino diferente al recomendado por esa institución? ¿O, por el contrario, es un mensaje a los mercados de que son tan serios y maduros que no necesitan de ninguna imposición para seguir comportándose responsablemente?
Los dos años transcurridos indicarían que la respuesta correcta es la segunda. Pero por si hubiera dudas, basta recorrer el discurso del ministro de Hacienda, Antonio Palocci, al anunciar la novedad: “El control del gasto público se seguirá haciendo con disciplina” y se “mantendrá el equilibrio económico”, señaló. En una palabra, continuidad. Continuidad con una política económica fiscal y monetariamente ortodoxa, que en el segundo año de gestión tuvo como resultados un apreciable crecimiento, baja inflación, fuertes superávit de presupuesto y comercial y un considerable incremento de reservas que se dio juntamente con una reducción del endeudamiento.
Esta vez, el precedente brasileño es de muy escasa utilidad para el caso argentino, si bien cabe recordar que hace apenas un par de meses la Casa Rosada evaluó la posibilidad de aprovechar la situación de impasse que aún continúa en la relación con el FMI para hacer lo que ahora decidió Brasil, es decir seguir pagándole la deuda a los organismos multilaterales de crédito con fondos propios y desistir de un refinanciamiento. En aquel momento la idea fue rápidamente dejada de lado cuando el Ministerio de Economía convenció al Presidente con un argumento básico, pero contundente: a diferencia de Brasil aquí no había, no hay, ni habrá recursos suficientes como para cancelar todos los vencimientos de capital e intereses de la deuda, a menos que se piense en un sobreajuste fiscal aún más draconiano que el ya realizado.
Las proyecciones para la Argentina muestran que en los próximos años habrá que destinar el equivalente al 2 por ciento del Producto Interno Bruto sólo para cumplir con los intereses, a lo que se suman los pagos de capital, que si bien fueron estirados en el tiempo en la parte correspondiente a los nuevos títulos, no sucede lo mismo con los 30.000 millones de dólares que se les debe a los organismos multilaterales dado que tienen vencimientos cortos.
Ahora que el Gobierno ya perdió una oportunidad de cambiar la historia también respecto a los vínculos con el FMI y el Banco Mundial al mantenerlos como acreedores privilegiados, exceptuándolos de la extraordinaria quita que se consiguió con la deuda defolteada, el desafío por delante es distinto al brasileño por el motivo ya señalado.
Se trata de conseguir un acuerdo de refinanciamiento que implique condicionamientos aceptables, lo que por cierto es factible de lograr teniendo en cuenta la posición de debilidad del Fondo y que se puede volver a hacer un uso inteligente de la amenaza de patear el tablero. Esto sin subestimar advertencias como las que Leonardo Blejer, el economista del banco Credicoop, sostiene en el último informe del Cefim (Centro de Estudios Económicos y Financieros del Instituto Movilizador): “El FMI defenderá los intereses de los países acreedores en las empresas privatizadas y exigirá consolidar el enorme esfuerzo fiscal regresivo que el Gobierno viene llevando adelante”.
Por supuesto que todavía está abierta la posibilidad de asumir un liderazgo internacional en la modificación de las reglas de juego planteando una renegociación con quita. Pero difícilmente el Gobierno se anime ahora a lo que no se atrevió en el momento más adecuado.