Argentina fue uno de los pocos países que privatizó por completo su servicio de correo postal, junto con Nigeria y Burundi. Luego de la estatización volvió a estar en sintonía con la gran mayoría de las naciones, que conservan el control total o parcial del correo en manos públicas. Sin embargo, la experiencia local todavía se distingue por la falta de un marco regulatorio para un mercado que opera de manera desregulada y desmonopolizada desde 1993.

En el escenario actual, el Correo Oficial está obligado a prestar el servicio universal, consistente en garantizar la cobertura postal en todo el país con calidad y a un precio uniforme y económico. Ese servicio es considerado tradicionalmente una operación que no es autosustentable porque genera costos operativos que limitan la optimización del negocio, ya que el prestador está obligado a brindar el servicio en zonas no rentables, mientras la competencia se concentra en la crema del mercado.

Para financiar el servicio universal, la mayoría de los países suelen recurrir a diversas opciones entre las que se destacan sistemas de compensación al que aportan todas las empresas del sector o la asignación de reservas de mercado exclusivas para que la empresa encargada de prestar el servicio pueda aplicar subsidios cruzados. Ninguna de esas opciones se aplica en Argentina, por lo que el costo del servicio universal recae en la empresa pública. A continuación se detalla cómo se organiza el sistema postal en otros países.

• España. El servicio es prestado por Correos y Telégrafos, una sociedad anónima estatal, que concentra el 90 por ciento del mercado en transporte de documentos y mercancías de carácter no urgente. La empresa tiene la obligación de garantizar el servicio universal, pero la Ley Postal, sancionada en julio de 1998, establece la existencia de un fondo de compensación que subsidia la prestación del servicio a partir del aporte obligatorio de todas las empresas que operan en el sector. A su vez, a la compañía pública se le reservan porciones del mercado para que opere de manera exclusiva.

• Estados Unidos. El correo oficial, denominado United States Postal Service (USPS), goza de un monopolio legal para la prestación de los servicios postales. No obstante, la USPS ha autorizado a empresas privadas a operar algunos servicios, pues es la misma empresa la que determina qué áreas o servicios quedan reservados para sí y cuáles pueden ser prestados por el capital privado. La USPS tiene a su cargo la prestación del servicio universal, para ello no recibe subsidios estatales ni de operadores privados, pero goza de exenciones impositivas y se beneficia con las reservas de mercado.

• Alemania. El mercado postal es explotado de manera monopólica por la empresa Deutsche Post, una compañía controlada por el Estado que incluye capitales privados. Deutsche debe utilizar las ventajas que brinda el monopolio para garantizar el servicio universal. Sin embargo, también ha desviado recursos para competir en servicios de paquetería liberalizados. Por ese motivo, la Comisión Europea le impuso una multa de 24 millones de euros. En 2003 el mercado postal alemán facturó 10.000 millones de euros y 6800 millones correspondieron a Deutsche.

• Suecia. El sector postal se desreguló en 1993, pero Sweden Post, la empresa estatal que antes ejercía el servicio monopólico, continúa teniendo una posición dominante en el mercado. La legislación sueca no prevé áreas reservadas, pero existe un fondo de compensación para garantizar el servicio universal.

En estos países, y en muchos otros que comparten las mismas características, el correo es considerado un servicio prioritario capaz de favorecer la prosperidad económica, el bienestar social y la cohesión nacional. Por eso el Estado participa de modo directo y ejerce fuertes regulaciones.