Hector Pedro Recalde, abogado laboralista
“Conspira contra la productividad”
“Uno de los hechos más contradictorios, con las carencias sociales que sufre nuestro país y más específicamente con la dramática situación de nuestros trabajadores desocupados, es la sobreocupación. Sin duda la circunstancia de que esto ocurra se debe al estado de necesidad de los asalariados, a la avidez o negligencia de los empleadores que los obligan a estas jornadas y a la ausencia cómplice del Estado. La sobreocupación no sólo impide el acceso al empleo a quien no lo tiene, sino que, además, de acuerdo con estudios realizados por la OIT, conspira contra la productividad, aumenta los accidentes de trabajo e incrementa los niveles de ausentismo. La solución pasa por la reducción de la jornada de trabajo sin merma en los salarios, ya que a la par que se reparte el empleo existente se comienza a revertir la inequidad en la distribución de la riqueza nacional. El Ministerio de Trabajo convocó a participar en la ‘Mesa de Diálogo para la Promoción del Trabajo Decente’ a fin de analizar aspectos referidos a la jornada de trabajo, la política de ingresos, el empleo no registrado y la protección del desempleo. El secretario general de la CGT, Hugo Moyano, sostuvo que, más allá del giro semántico, el trabajo siempre es decente y que en todo caso los que lo hacen indecente son los explotadores, los que violan los derechos sociales y los que no aplican la ley o la violan sistemáticamente. En la reunión propuso –para tener efectividad y que no tengamos una nueva frustración– que la reunión tripartita hiciera en el marco institucional. Es decir que el Gobierno cumpla con el mandato constitucional y legal y convoque al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para que el diálogo propuesto tenga un ámbito institucional vinculante. A mi criterio es el único camino conducente, si el propósito es que los protagonistas del mundo del trabajo puedan adoptar resoluciones respecto a los problemas de los trabajadores. De ser así se podrían resolver cuestiones que hacen a la pérdida del poder adquisitivo del salario, a generar una real protección al desempleado, a combatir la evasión y a generar los mecanismos que hagan al control del cumplimiento de la legislación laboral, para, entre otras cosas, terminar con la sobreocupación, el trabajo en negro y la explotación.”